Google Los técnicos de la dana desmontan a la juez: el Gobierno quedó fuera pese al silencio de la CHJ
Los técnicos acusan a la CHJ de callar mientras la jueza se niega a investigar responsabilidades estatales
La Juez Nuria Ruiz Tobarra se ampara en la ley autonómica que atribuye a la Generalitat Valenciana la máxima responsabilidad en emergencias de nivel 2. Esa interpretación ha blindado la instrucción de la macrocausa de la Dana frente a cualquier intento de señalar al Gobierno central. Ninguna declaración ha servido para corregir ese sesgo inicial.
Por el juzgado han declarado, aunque con retraso, los principales técnicos de la emergencia. Aunque cuentan cosas distintas, coinciden en aspectos importantes. Eso refuerza la sensación de que la jueza evita investigar al Gobierno.
Jorge Suárez, principal técnico de la Dana, explicó el papel de Pilar Bernabé en el Cecopi. También dijo que la Confederación Hidrográfica del Júcar no facilitó datos clave. Una falta grave en plena emergencia.
La Juez Nuria Ruiz Tobarra se ampara en la ley autonómica. | Google
La juez afirma que esos datos estaban al alcance de todos. Pero el presidente de la CHJ, Miguel Polo, no avisó de los cambios en el caudal del Poyo. Aun así, la jueza descarta responsabilidades penales fuera de la Generalitat.
El silencio de Miguel Polo consta en la causa. Aun así, no ha sido imputado ni investigado. Para la juez, el resto de cargos políticos solo estuvieron de oyentes.
José Miguel Basset, jefe operativo de la emergencia, declaró en la misma línea que Suárez. Afirmó que en el Cecopi no se habló del barranco del Poyo. Las versiones cambian, pero la falta de información es evidente.
Basset negó que se mencionara el Poyo en la reunión. Eso contradice lo dicho por Pilar Bernabé, que aseguró haber alertado por lo ocurrido en Paiporta. Esa contradicción debilita la versión del Gobierno.
Basset dejó claro que Miguel Polo no informó sobre el caudal del Poyo. La CHJ tenía datos que avisaban del riesgo y no los compartió. Aun así, la juez descarta cualquier responsabilidad penal del organismo estatal.
La Audiencia de Valencia ha respaldado esa decisión. Considera que la falta de información de la CHJ no es delito. Esto deja al Gobierno central fuera de toda culpa.
La instrucción ha tenido dos etapas claras. Primero se imputó a cargos autonómicos y después se permitió investigar a Mazón sin acudir al TSJ. Todo indica que las últimas declaraciones no cambiarán nada.
La investigación sigue centrada solo en si Mazón dio órdenes. No hay reproches judiciales a Miguel Polo por ocultar datos clave. En cambio, sí se cuestiona el envío tardío del Es-Alert.
La causa parece enfocada a no afectar al Gobierno de España. Se acepta que la Generalitat asumiera sola la mayor catástrofe natural del siglo. Y aun así, no se busca ninguna responsabilidad política por esa dejación.
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