Los familiares de Santos Cerdán que cobraron de Servinabar empresa en la trama

Antonio Muñoz Cano, cuñado de Santos Cerdán, trabajó como albañil en Servinabar y cobró más de 61.000 euros entre 2019 y 2022. La empresa Servinabar es una de las firmas investigadas en el caso Koldo por presuntas irregularidades en contratos públicos.

Muñoz Cano, hermano de la esposa de Cerdán, aparece en documentos de Hacienda Navarra con ingresos anuales por trabajos de obra. En 2019 cobró 3.363 euros; en 2020, 16.255; en 2021, 21.233; y en 2022, 20.818 euros, según consta en el sumario del caso.

Según publica VozPopuli, los pagos figuran en la documentación enviada al Tribunal Supremo por Hacienda Foral y forman parte de la investigación oficial. Fuentes de la defensa de Cerdán confirmaron que Muñoz Cano es albañil de profesión y trabajó para Servinabar por cuenta propia.

No fue el único familiar de Santos Cerdán vinculado con la empresa adjudicataria de obras por valor de más de 75 millones. Su hermana, Belén Cerdán, también aparece como trabajadora de Servinabar durante el primer semestre de 2020.

Según consta, trabajó como administrativa con un sueldo neto de 2.000 euros mensuales entre enero y junio de ese año. Posteriormente, Belén pasó a ejercer las mismas funciones en la asesoría encargada de gestionar las cuentas de Servinabar. Durante su paso por ambas entidades, Belén Cerdán percibió un total de 22.200,84 euros, según los datos oficiales.

La información figura en Hacienda Navarra y fue incorporada al sumario que dirige el juez del Supremo Leopoldo Puente. El magistrado solicitó información tributaria de Cerdán, Servinabar y del administrador Joseba Antxón Alonso. Este último declaró el pasado 7 de julio en calidad de investigado y reveló detalles sobre su relación con Cerdán.

Según Alonso, ambos compartieron piso en Madrid durante una etapa vinculada a la gestión de contratos públicos. En uno de los audios incorporados al caso, Koldo García acusa a Alonso y Cerdán de gastar dinero “de fiesta en fiesta”.

Además, la Guardia Civil halló en un registro un contrato privado firmado por Cerdán para adquirir parte de Servinabar.  El documento reflejaba la compra de 1.350 participaciones, equivalentes al 45% de la empresa, por 6.000 euros en total.

Servinabar es una de las firmas que obtuvo adjudicaciones por parte del Gobierno navarro, bajo gobiernos socialistas.

En su declaración, Alonso desvinculó a Cerdán de ese contrato alegando que era solo un borrador redactado en 2015. Afirmó que se elaboró cuando Cerdán pensó abandonar la política por malos resultados del PSOE en Navarra.

Ambos acordaron las condiciones en caso de cerrar la operación, pero el documento nunca se formalizó legalmente.