El juez ha decretado la libertad de los tres detenidos en Algeciras por el robo del ordenador de la abogada de Alberto González Amador.
Los sospechosos, dos mujeres de 20 y 66 años y un hombre de 42, todos marroquíes, intentaban llevar el material a Marruecos para su venta.
El robo se produjo en la vivienda de Guadalupe Sánchez, en Guardamar del Segura (Alicante), quien denunció que el ordenador contenía datos sensibles.
García Ortiz borra el contenido de su teléfono
Tras ser interceptados en Algeciras, los detenidos quedaron en libertad con medidas cautelares como la prohibición de salir de España.
Además, deberán comparecer cada quince días en el juzgado mientras la investigación por delito contra el patrimonio sigue su curso.
Entre los objetos recuperados, la Guardia Civil identificó una tablet propiedad de uno de los hijos de la abogada y otros dispositivos robados.
La investigación también vincula este robo con otros allanamientos a personas cercanas a González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
En los últimos meses, se han denunciado entradas forzadas en las viviendas de otro abogado y del arquitecto de la presidenta madrileña.
El arquitecto denunció el allanamiento de su domicilio, mientras que González Amador reportó un robo en su vehículo en fechas recientes.
Paralelamente, González Amador presentó una querella contra la Fiscalía por la revelación de datos reservados en su caso por presunto fraude.
El Tribunal Supremo investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos tras la denuncia de González Amador.
También están bajo investigación la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el teniente fiscal Diego Villafañe por el mismo caso.
Los tres detenidos en Algeciras afirmaron desconocer el contenido exacto del material, pero las autoridades apuntan a intenciones de reventa.
Los dispositivos recuperados serán sometidos a análisis para verificar si hubo acceso no autorizado a la información almacenada en ellos.
El caso de García Ortiz sigue dando de qué hablar
La Guardia Civil no descarta más detenciones ni vínculos entre estos hechos y otras redes dedicadas al robo y tráfico de dispositivos electrónicos.
El caso ha puesto de relieve los riesgos de robo de información sensible en entornos vinculados con figuras públicas y sus allegados.
Las autoridades destacan la importancia de reforzar la seguridad de aquellos profesionales que manejan datos confidenciales en procesos legales.
El operativo en Algeciras permitió recuperar el material robado, pero el caso seguirá bajo seguimiento judicial y policial en los próximos meses.
La situación subraya la necesidad de colaboración entre fuerzas de seguridad y justicia para prevenir actos similares en el futuro.
Los detenidos deberán cumplir con las medidas impuestas por el juez mientras avanza la investigación y se esclarecen los hechos delictivos.
