Esta ley permite a 44 presos de ETA descontar los años que ya hayan cumplido en cárceles francesas
El Boletín Oficial del Estado ha publicado recientemente una controvertida reforma que afectará a los presos de ETA.
La Ley Orgánica 7/2014, diseñada originalmente para armonizar el intercambio de información sobre antecedentes penales dentro de la Unión Europea. Ha sido modificada para permitir que las penas cumplidas en otros países, como Francia, sean convalidadas en España.
Esta medida ha generado fuertes reacciones políticas y sociales. Ya que podría facilitar la excarcelación anticipada de algunos de los miembros de la organización terrorista ETA.
La reforma, aprobada en el Congreso de los Diputados el pasado mes de septiembre, fue inicialmente respaldada por varios partidos, incluidos algunos de la oposición.
Sin embargo, ha sido en el Senado, donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta, que la medida ha encontrado un bloqueo.
Los senadores del PP y Vox han criticado duramente la reforma, alegando que es una "trampa" del gobierno. Esto para reducir las condenas de personas condenadas por crímenes de terrorismo.
Esta ley permite a 44 presos de ETA descontar los años que ya hayan cumplido en cárceles francesas. Lo que podría adelantar su salida de prisión.
El origen de la modificación se encuentra en una directiva europea que buscaba homogeneizar el cumplimiento de penas entre los países de la Unión Europea.
La Ley Orgánica 7/2014 fue promulgada durante el gobierno de Mariano Rajoy con el fin de evitar que una persona cumpliese múltiples condenas por el mismo delito en diferentes países.
Sin embargo, se añadió una disposición adicional que excluía las sentencias dictadas antes del 15 de agosto de 2010.
Esta enmienda fue eliminada recientemente, lo que permite que presos condenados antes de esa fecha. También se benefician de la reducción de penas, lo que ha avivado la polémica.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo ha manifestado su rechazo rotundo a la reforma. Argumentando que esta medida constituye una afrenta a la memoria de las víctimas del terrorismo.
Según sus cálculos, hasta 44 etarras podrían ver reducidas sus condenas, y algunos incluso podrían ser excarcelados en los próximos meses.
El Partido Popular, a través de su portavoz Borja Sémper, ha afirmado que harán "todo lo posible" para impedir la aplicación de esta ley. Vox, por su parte, está investigando posibles vías legales para revertir la medida.
La enmienda fue discutida y aprobada por unanimidad en las diferentes etapas de su tramitación en el Congreso. Sin embargo, esta explicación no ha calmado las críticas desde sectores de la oposición y de las asociaciones de víctimas.
