Las últimas revelaciones sobre la polémica cátedra de Begoña Gómez en la Complutense

La polémica en torno a la cátedra que Begoña Gómez, dirige en la Universidad Complutense de Madrid, sigue generando un intenso debate. A medida que emergen nuevas revelaciones. Se cuestiona la legitimidad de su designación y el proceso que permitió su nombramiento como directora de la cátedra de Transformación Social Competitiva.

El hecho de que Begoña Gómez no posea un título oficial de licenciada ha sido uno de los principales puntos de controversia. A pesar de esta falta de cualificación académica, la Complutense la designó como directora de una cátedra. Lo que ha suscitado dudas sobre la transparencia y el rigor del proceso de selección.

Según diversas fuentes, la universidad no presentó un expediente que acreditara los méritos de Gómez para asumir tal responsabilidad, lo que ha sido señalado como una irregularidad significativa.

Una de las críticas más destacadas es que, mientras el currículum de Begoña Gómez no fue incluido en el acta de la primera reunión de la comisión mixta de seguimiento. Que se celebró el 30 de octubre de 2020 para establecer la cátedra, el currículum de José Manuel Ruano de la Fuente, nombrado codirector de la cátedra.

Sí, fue registrado en un acta posterior. Esta diferencia en el tratamiento documental ha despertado sospechas sobre el favoritismo en la designación de Gómez.

La Necesidad de un Codirector

Para cumplir con los reglamentos internos de la Universidad Complutense, que requieren que el director de una cátedra sea un docente vinculado a la institución. Para esto se nombró a José Manuel Ruano de la Fuente como codirector. Ruano, un académico con una extensa trayectoria y actual director de la Escuela de Gobierno de la Complutense, fue seleccionado para acompañar a Gómez en la dirección de la cátedra.

Sin embargo, el hecho de que se necesitara un codirector para legitimar el nombramiento de Gómez. Ha sido percibido por muchos como una maniobra para evitar el incumplimiento de las normativas universitarias.

El reglamento de la universidad permite en casos excepcionales que el rector, "por causas justificadas", designe a una persona sin vinculación laboral con la universidad como director de una cátedra. Sin embargo, este caso ha sido cuestionado por la falta de claridad en las justificaciones presentadas. Por la percepción de que se han hecho concesiones especiales debido al estatus político de Gómez.

Investigaciones y Reacciones Judiciales

El juez Juan Carlos Peinado, quien investiga a Begoña Gómez por supuestos delitos de corrupción de negocios y tráfico de influencias. Ha solicitado a la Complutense los currículums de todos los directores de cátedras para compararlos con el de Gómez. Este paso forma parte de una investigación más amplia que busca determinar si hubo irregularidades en su nombramiento y si se han vulnerado normativas académicas.

La situación se ha complicado aún más con la presentación de una querella por parte de Gómez contra el juez Peinado. Que alegando revelación de secretos y prevaricación.

Esta denuncia ha añadido una nueva capa de tensión al caso, coincidiendo  además con una querella similar presentada de Sánchez, contra el mismo juez. La percepción pública de estas acciones legales ha sido que se trata de un intento de desviar la atención de las irregularidades que se investigan.

Los Pagos Recibidos por Begoña Gómez

Otro punto de controversia es el dinero que Begoña Gómez ha recibido de la Universidad Complutense por sus actividades docentes. Según informes, la universidad pagó un total de 39.188 euros a Gómez por diversos conceptos. Que relacionados con su participación en programas de formación continua y en varios másteres,  incluyendo el de Fundraising y el de Transformación Social Competitiva.

De esta suma, Gómez habría recibido 4.883 euros por tutorías, docencia y dirección, además de 20.643 euros por su implicación en el máster de Fundraising y 13.652 euros. Esto por su trabajo en el máster de Transformación Social Competitiva.

Estos pagos, realizados a lo largo de una década, han sido interpretados por algunos como una compensación injustificada. Dada la falta de un título académico que respalde su rol en la universidad.