El alcalde popular, Sergio Sánchez Yunquera, ha dado un paso hacia adelante
El PSOE se encuentra enfrentando otra polémica. Esta vez, los socialistas del municipio madrileño El Boalo, donde la portavoz del PSOE de la localidad se encuentra señalada por supuestas contrataciones irregulares a varios miembros de su familia.
Se trataría, supuestamente, de Soledad Ávila Ribada, quien los habría favorecido con contratos por más de 135.000 euros.
Entre 2015 y 2023, período en el que ocupaba el cargo de concejala de Educación, Juventud y Familia y tercera teniente de alcalde, la edil socialista habría incurrido en irregularidades. Irregularidades supuestamente al contratar, de forma reiterada, a varios familiares directos, sin cumplir con los procedimientos administrativos y, presuntamente, violando la normativa vigente.
Se dice que durante esos años, contrató a tres de sus hermanos, una cuñada y dos sobrinos, por un monto superior a los 100.000 euros. Presuntamente, este tipo de contrataciones ya se venía llevando a cabo desde 2011, sumando así un total de más de 130.000 euros.
Debido a esta situación, el actual Gobierno de la localidad, con el popular Sergio Sánchez Yunquera, ha dado un paso hacia adelante. Se inició un proceso para llevar a cabo un análisis forense sobre las interacciones entre el Ayuntamiento y sus proveedores durante el periodo 2015-2023.
El análisis explica que "las facturas fueron aprobadas por la Junta de Gobierno o por el alcalde, Javier de los Nietos Miguel (PSOE), sin el cumplimiento de los preceptivos procedimientos administrativos. Algunas de ellas carecían de la fiscalización previa de la intervención municipal y, en otros casos, existían informes negativos o en disconformidad".
La actual intervención municipal ha encontrado 228 facturas, de las cuales solo cuatro cumplen con los requisitos legales necesarios. Incluyen la formalización de contrato, informes favorables y la observancia de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).
"Se aprecia haber vulnerado la prohibición para contratar de la Sra. Ávila con sus familiares, conforme al artículo 71 de la LCSP, con evidente reincidencia. La Sra. Ávila debería haberse abstenido de intervenir, conforme al artículo 36 de la LRJSP2", señala el informe.
Según las conclusiones del informe, los hechos podrían dar lugar a responsabilidades penales. Se citan los artículos 404 (relativo a la prevaricación), 424 (sobre tráfico de influencias) y 436 (que aborda las negociaciones prohibidas para los funcionarios) de la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal.
