Las consecuencias para la Policía y la Guardia Civil tras los pactos del PSOE
El acuerdo entre el PSOE, Sumar y Bildu ha sido recibido con recelo por los cuerpos de seguridad
Los recientes pactos entre el PSOE y sus socios han generado preocupación en los cuerpos de seguridad del Estado. Especialmente entre los sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil.
La incertidumbre en torno al futuro de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como la "Ley Mordaza", y la falta de claridad en las políticas de seguridad han levantado serias dudas. Sobre el compromiso del nuevo gobierno con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE).
Un acuerdo político que deja en segundo plano a la policía
En el marco de las negociaciones entre el PSOE y sus socios parlamentarios, incluidos partidos como Bildu, la derogación parcial de la Ley Mordaza ha sido uno de los puntos clave. Esta ley, implementada en 2015 bajo el gobierno del Partido Popular, ha sido criticada por la izquierda, que la considera una medida represiva. Sin embargo, para muchos agentes de la policía y la Guardia Civil, esta ley ha sido un instrumento fundamental para mantener el orden público y garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Los sindicatos policiales, como JUPOL, han mostrado su preocupación por la posibilidad de que la derogación de la ley afecte gravemente su labor. El uso de sanciones por faltas de respeto a la autoridad, la desobediencia y la capacidad de las fuerzas del orden para actuar en situaciones de desórdenes públicos. Son aspectos que, según estos sindicatos, podrían verse gravemente comprometidos.
El fin de las "devoluciones en caliente"
Uno de los aspectos más polémicos del acuerdo entre el PSOE y sus socios ha sido eliminar las "devoluciones en caliente" en las fronteras. Una medida que permite devolver a los migrantes que entran de forma irregular a España sin un proceso legal completo. Esta práctica ha sido utilizada principalmente en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, puntos críticos de la presión migratoria.
Con la eliminación de estas devoluciones, los agentes fronterizos temen un aumento de la presión en los centros de internamiento. Ya que las entradas irregulares tendrían que ser procesadas a través de procedimientos más largos y complejos. La situación en las fronteras, que ya es tensa, podría empeorar considerablemente.
"Las fuerzas de seguridad se verán desbordadas", advierten los representantes de los cuerpos policiales. Quienes insisten en la necesidad de mantener mecanismos que garanticen una respuesta rápida y efectiva ante situaciones de crisis migratoria.
Material antidisturbios: ¿un peligro para los agentes?
Otro punto clave del acuerdo que ha generado preocupación es la progresiva eliminación del uso de pelotas de goma como material antidisturbios. Este tipo de armamento ha sido objeto de controversia durante años. Sin embargo, muchos agentes consideran que es una herramienta necesaria para disuadir y controlar desórdenes públicos de gran magnitud.
El sindicato JUPOL ha señalado que la eliminación de las pelotas de goma deja un vacío en el arsenal antidisturbios de la policía. A pesar de que el gobierno ha prometido sustituirlas por "material menos lesivo".
Aún no se ha especificado qué tipo de herramientas serán utilizadas en su lugar. Los agentes temen que esta falta de claridad deje a las fuerzas de seguridad desprotegidas en situaciones críticas.
Los sacrificios políticos a costa de la seguridad
El acuerdo entre el PSOE y Sumar ha sido recibido con recelo por los cuerpos de seguridad. Que ven cómo las decisiones políticas están afectando directamente su capacidad para actuar y proteger a los ciudadanos.
Las reformas propuestas, especialmente en lo que respecta a la Ley de Seguridad Ciudadana, son percibidas como concesiones a los socios más radicales del gobierno. Como Bildu, sin tener en cuenta las necesidades de los agentes en el terreno.
Este descontento no es nuevo. Durante los últimos años, los cuerpos de seguridad han denunciado en repetidas ocasiones el abandono por parte del Ministerio del Interior, tanto en términos de recursos como de apoyo institucional.
Las promesas de mejorar las condiciones laborales de la policía y la Guardia Civil han quedado, según los sindicatos, en "papel mojado". Mientras que las exigencias de grupos parlamentarios han prevalecido sobre las necesidades de los cuerpos de seguridad.
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