La investigación pretende averiguar si hubo personas que adquirieron, fabricaron, transportaron o distribuyeron objetos capaces de generar deflagraciones
La Justicia ha abierto una nueva línea de investigación sobre los episodios de violencia registrados en Ceuta después de la entrada masiva de inmigrantes del pasado mes de julio. El Juzgado de Instrucción número 6 ha admitido a trámite una querella de Hazte Oír que pide esclarecer tanto las agresiones sufridas por militares, agentes y vecinos como el posible origen de determinados artefactos utilizados durante los incidentes.
Según publica La Razón, la magistrada María de la Luz Lozano considera que lo relatado en la querella presenta, en esta fase inicial, suficiente «apariencia delictiva» como para justificar la apertura de diligencias. La admisión, no obstante, no supone que los delitos denunciados hayan quedado acreditados ni determina todavía responsabilidades.
La investigación pretende averiguar si hubo personas que adquirieron, fabricaron, transportaron o distribuyeron objetos capaces de generar deflagraciones o liberar gases y si estos pudieron ser entregados para utilizarlos contra miembros de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Hazte Oír plantea en su querella la posible existencia de delitos de suministro de explosivos, atentado contra la autoridad y miembros de las Fuerzas Armadas, desórdenes públicos, asociación ilícita y lesiones. Será ahora la instrucción judicial la que determine si existen indicios que permitan sostener alguna de esas hipótesis.
El procedimiento podría alcanzar además al destino de determinados fondos públicos. La organización solicita que se examine si recursos procedentes de las administraciones terminaron relacionados de alguna manera con los hechos denunciados, una posibilidad que vincula a un eventual delito de malversación.
El procedimiento podría alcanzar además al destino de determinados fondos públicos
Para ello, pretende que se solicite documentación al Gobierno de Ceuta y a los ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y de Derechos Sociales sobre subvenciones, convenios, contratos de emergencia y otros pagos realizados desde 2025 a organizaciones que desarrollan su actividad en la ciudad autónoma.
La querella no señala nominalmente a todos los posibles responsables. En su lugar, dirige sus sospechas hacia quienes, pertenecieran o no a ONG, asociaciones o fundaciones, pudieran haber participado desde el 20 de julio en la adquisición, almacenamiento, transporte o reparto de los objetos investigados. Para tratar de identificarlos, hace referencia a las actuaciones realizadas previamente por la Policía Nacional.
En ese contexto aparece también No Name Kitchen. La querella recuerda la detención, el pasado 23 de agosto en la playa de Benítez, de dos voluntarias de nacionalidad canadiense y alemana. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó entonces que ambas estaban «alentando» a grupos que reaccionaron violentamente contra los agentes.
La ONG rechazó esa interpretación. En su versión de lo ocurrido, las dos voluntarias se encontraban repartiendo alimentos y grabando una intervención policial. La organización denunció además lo que considera una «criminalización» de su actividad humanitaria.
