Nuevo revés judicial para la Dirección General de Tráfico. Un tribunal de Madrid ha anulado una de las sanciones impuestas por los radares que controlan los cambios de carril en zonas delimitadas por línea continua, una decisión que podría poner en cuestión miles de multas similares tramitadas durante los últimos meses.
La resolución supone un nuevo golpe para la estrategia sancionadora de la DGT, que en los últimos años ha multiplicado el uso de sistemas automatizados de vigilancia en carretera. En este caso, el problema radica en la forma en la que estos dispositivos acreditan la supuesta infracción.
Según la sentencia, la documentación aportada para justificar la multa no demuestra de manera concluyente que el conductor llegara a pisar o rebasar la línea continua. Las imágenes captadas por el sistema únicamente muestran al vehículo circulando primero por un carril y posteriormente por otro distinto, pero no recogen el instante exacto en el que se habría producido la infracción.
La decisión judicial llega tras un recurso impulsado por Automovilistas Europeos Asociados (AEA), que cuestionó desde el primer momento la fiabilidad probatoria de estos dispositivos.
Críticas a unos radares cada vez más cuestionados
La polémica no se limita únicamente al ámbito jurídico. Diversas asociaciones de conductores llevan tiempo advirtiendo de que este tipo de radares generan inseguridad y pueden acabar teniendo efectos contrarios a los que persigue la seguridad vial.
Los críticos sostienen que algunos conductores podrían verse condicionados a la hora de realizar maniobras evasivas por miedo a ser sancionados. En determinadas situaciones de emergencia, como la irrupción repentina de un vehículo, un accidente o cualquier otro imprevisto en la calzada, cambiar de carril puede convertirse en una reacción instintiva para evitar un siniestro.
Actualmente existen varios de estos dispositivos repartidos por la red viaria española, especialmente en grandes vías de acceso a las principales ciudades. Su capacidad recaudatoria ha sido objeto de debate desde su puesta en funcionamiento, ya que muchos conductores desconocen su existencia o el criterio exacto utilizado para sancionar.
La sentencia vuelve a situar a la DGT, dependiente del Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska, en el centro de la controversia. Mientras el organismo defiende que estos sistemas contribuyen a mejorar la seguridad vial, la resolución judicial reabre las dudas sobre la validez de determinadas sanciones y sobre el equilibrio entre control del tráfico, seguridad y afán recaudatorio.
