La Justicia afronta una semana decisiva para Begoña Gómez y David Sánchez

La situación judicial que rodea al entorno de Pedro Sánchez encara días clave. Dos de las causas con mayor repercusión para el presidente del Gobierno permanecen pendientes de decisiones que podrían conocerse en las próximas jornadas: la resolución sobre el futuro procesal de Begoña Gómez y la sentencia del juicio contra su hermano, David Sánchez.

El primer movimiento llegará desde la Audiencia Provincial de Madrid. Los magistrados deberán resolver los recursos presentados contra la decisión del juez Juan Carlos Peinado de enviar a juicio a la esposa del presidente mediante el procedimiento del jurado popular. La Fiscalía mantiene su petición de archivo de la causa, mientras que las defensas también reclaman que se revoque la resolución del instructor.

No es la primera vez que la Audiencia revisa las actuaciones de Peinado. Aunque anteriormente anuló el auto por el que acordó el procedimiento con jurado al considerar que carecía de una motivación suficiente, el tribunal ha respaldado durante la instrucción buena parte de las diligencias impulsadas por el magistrado.

Después de aquella resolución, Peinado dictó un nuevo auto en el que volvió a sostener la existencia de indicios contra Begoña Gómez. En esa resolución también mantuvo la investigación sobre Cristina Álvarez, asesora de Moncloa, y sobre el empresario Carlos Barrabés. La esposa del presidente y la asesora están investigadas por presuntos delitos de corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida y malversación, mientras que Barrabés responde por los dos primeros.

El 'hermanísimo'

Mientras tanto, en Badajoz continúa la espera para conocer el fallo del juicio seguido contra David Sánchez y otros diez acusados. El procedimiento quedó visto para sentencia hace un mes y, aunque inicialmente se daba por hecho que la resolución no llegaría hasta después del verano, distintas informaciones apuntan ahora a que podría hacerse pública antes.

El tribunal deberá pronunciarse sobre una causa en la que el hermano del presidente se enfrenta a acusaciones por presunta prevaricación y tráfico de influencias, después de que el delito de aceptación de nombramiento ilegal quedara finalmente fuera del juicio.

Las peticiones de condena también cambiaron durante la vista oral. Tras la práctica de la prueba, varias acusaciones elevaron de tres a seis años de prisión la pena solicitada para David Sánchez. En el caso del expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, la petición pasó de tres a cuatro años. También permanece acusado Luis Carrero, cuya contratación forma parte de la investigación, para quien se solicitan penas de entre un año y medio y dos años de cárcel.