Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente, afronta un nuevo trámite judicial por una decisión que adoptó durante su etapa en el Ministerio de Justicia. La controversia se centra en una instrucción que permitió ampliar la aplicación de la conocida como "ley de nietos" y cuya legalidad ha sido cuestionada.
La iniciativa parte de Hazte Oír, que acudió a los tribunales al considerar que la antigua alto cargo pudo incurrir en irregularidades al dictar aquella instrucción desde la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.
El asunto presenta dos frentes judiciales. Por un lado, el Tribunal Supremo examina la legalidad de la actuación administrativa. Por otro, un órgano judicial de Madrid debe determinar si los hechos denunciados justifican la apertura de una investigación penal.
La iniciativa parte de Hazte Oír, que acudió a los tribunales
Diez días para decidir el futuro del procedimiento
Según la información publicada por El Debate, la jueza Inmaculada Lova, responsable de la Plaza 35 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Madrid, ha admitido a trámite la querella de Hazte Oír.
La decisión supone que la denuncia cumple los requisitos necesarios para ser tramitada, pero no implica que se haya acordado investigar penalmente a Sofía Puente.
Antes de adoptar una decisión sobre el fondo del asunto, la magistrada quiere conocer la posición de las partes respecto a los informes de la Fiscalía.
El Ministerio Público ya había solicitado que no se investigara a la hermana de Óscar Puente. Esa postura quedó reflejada en dos escritos presentados durante los meses de julio y octubre.
La jueza ha establecido un plazo de diez días para que Sofía Puente y Hazte Oír formulen sus alegaciones. Para ello, podrán consultar tanto la documentación remitida por el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid como los escritos incorporados a las actuaciones.
Hazte Oír podrá ejercer la acusación popular
La organización querellante ha conseguido que el tribunal acepte su intervención en el procedimiento como acusación popular, aunque deberá abonar previamente una fianza de 1.000 euros.
La magistrada también ha incorporado al expediente las ampliaciones de la querella presentadas por la asociación.
En cambio, la Asociación Reconciliación y Verdad Histórica no podrá intervenir por ahora en la causa, debido a que su solicitud de personación no se realizó conforme a las exigencias legales.
El futuro judicial de Sofía Puente sigue pendiente de una decisión de la magistrada. Una vez concluido el plazo de alegaciones, deberá determinar si existen razones para continuar con las diligencias o si corresponde archivar el procedimiento.
