El organismo deberá distinguir qué inscripciones proceden de la Ley de Memoria Democrática y cuáles derivan de una instrucción de Justicia cuestionada ante los tribunales
La Junta Electoral Central (JEC) ha empezado a ejecutar la decisión del Tribunal Supremo sobre las altas incorporadas al censo de españoles residentes en el extranjero. El organismo ha pedido a la Oficina del Censo Electoral que identifique por separado los expedientes vinculados a la llamada 'Ley de Nietos'.
La orden obliga a diferenciar entre quienes accedieron a la nacionalidad por los supuestos previstos en la Ley de Memoria Democrática y quienes lo hicieron mediante una instrucción posterior del Ministerio de Justicia. Precisamente sobre esa ampliación existen dudas jurídicas que ahora deberán aclararse.
El movimiento llega después de que el Supremo adoptara medidas cautelares a petición de Vox e Iustitia Europa. El tribunal advirtió de un "peligro fundado, real y serio" para la objetividad y transparencia electoral si continuaban aumentando determinadas altas sin un control diferenciado.
El asunto afecta directamente al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), que ya alcanza aproximadamente los 2,7 millones de españoles en el extranjero. Su crecimiento durante los últimos años ha disparado las dudas sobre el impacto que estas nuevas incorporaciones podrían tener en unas futuras elecciones generales.
La Junta Electoral mueve ficha tras el Supremo y separará las altas del censo ligadas a la 'Ley de Nietos'
El Supremo puso el foco en el crecimiento del censo exterior
La polémica nace con la aplicación de la Ley de Memoria Democrática de 2022. La norma permitía acceder a la nacionalidad española a determinados descendientes de exiliados que perdieron su nacionalidad como consecuencia de la Guerra Civil y la dictadura.
Sin embargo, una instrucción posterior del Ministerio de Justicia amplió las posibilidades para obtener la nacionalidad. Esa interpretación permitió incorporar otros supuestos que ahora se encuentran bajo discusión jurídica.
El Supremo considera necesario distinguir el origen de cada alta mientras se resuelve el fondo del procedimiento. La decisión cautelar no determina todavía si esas inscripciones son ilegales, pero sí reconoce que el crecimiento del censo puede tener consecuencias relevantes sobre el proceso electoral.
En sus resoluciones, el tribunal alertó del riesgo derivado de un aumento continuado de electores en el CERA. Por ello, decidió intervenir antes de que ese incremento pudiera generar una situación difícil de revertir.
La Junta Electoral mueve ficha tras el Supremo y separará las altas del censo ligadas a la 'Ley de Nietos'
Vox fuerza el control de las altas
La actuación de la Junta Electoral supone un nuevo paso después de las iniciativas impulsadas por Vox e Iustitia Europa. Ambas organizaciones reclamaron frenar cautelarmente las altas vinculadas a la aplicación de la 'Ley de Nietos' hasta aclarar su encaje jurídico.
La JEC deberá ahora disponer de una radiografía más precisa sobre cómo se ha formado ese crecimiento del censo exterior. El objetivo es conocer cuántas altas corresponden directamente a la ley y cuántas dependen de la instrucción del Ministerio de Justicia.
La controversia deja al Gobierno de Pedro Sánchez bajo presión en un terreno especialmente delicado: el censo electoral y las reglas que determinan quién puede participar en unas elecciones.
Por ahora, el Supremo no ha resuelto definitivamente sobre la validez de todas esas altas. Sin embargo, su intervención y la actuación inmediata de la Junta Electoral muestran que las dudas sobre la aplicación de la 'Ley de Nietos' ya han pasado del debate político al control judicial y electoral.
