El cantante Julio Iglesias llevará a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ante el Tribunal Supremo por presuntos delitos de injurias y calumnias después de que la ministra rechazara retractarse públicamente de unas declaraciones realizadas sobre una denuncia ya archivada por la Fiscalía.
Según ha informado EFE, este martes ambas partes estaban citadas en un acto de conciliación en Madrid, un trámite previo obligatorio antes de presentar la querella. Sin embargo, Yolanda Díaz se negó a rectificar sus palabras ni a reconocer el daño reputacional que, según la defensa del artista, provocaron sus declaraciones.
El entorno jurídico de Julio Iglesias considera especialmente grave que una vicepresidenta del Gobierno realizara manifestaciones públicas dando por válidas acusaciones que ni siquiera llegaron a prosperar judicialmente y que terminaron archivadas por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
La defensa del cantante acusa a Díaz de vulnerar su presunción de inocencia
La futura querella se centrará en varios mensajes y declaraciones públicas realizadas por Yolanda Díaz tras conocerse la denuncia presentada por dos antiguas empleadas del cantante.
En uno de sus mensajes publicados en la red social Bluesky, la vicepresidenta habló de supuestos abusos sexuales y situaciones de “esclavitud” vinculadas al entorno laboral del artista, unas afirmaciones que la defensa de Julio Iglesias considera “injuriosas y calumniosas”.
Además, Yolanda Díaz reiteró esas acusaciones durante una entrevista en RTVE, pese a que la investigación acabaría archivándose posteriormente. El equipo legal del cantante sostiene que se vulneró claramente su derecho a la presunción de inocencia y que se utilizó su figura pública para lanzar acusaciones extremadamente graves sin respaldo judicial.
La Fiscalía archivó la denuncia contra Julio Iglesias
La denuncia presentada contra Julio Iglesias incluía acusaciones por presuntos delitos relacionados con agresión sexual, trata de seres humanos y vulneración de derechos laborales.
Sin embargo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional decidió archivar la investigación al considerar que la Justicia española no tenía competencias para investigar esos hechos.
Tras conocerse el archivo, el cantante inició acciones legales para defender su honor y reclamar responsabilidades por el impacto público de las declaraciones realizadas por miembros del Gobierno. Al no alcanzarse ningún acuerdo en el acto de conciliación celebrado este martes, la defensa del artista presentará ahora formalmente la querella ante el Tribunal Supremo.
