La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha solicitado a la Fiscalía que informe sobre la posible imputación del exdelegado
La investigación sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta abre un nuevo frente para quien estaba al mando de la Delegación del Gobierno durante la crisis fronteriza del pasado julio.
La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha solicitado a la Fiscalía que informe sobre la posible imputación del exdelegado Miguel Ángel Triano por presuntos delitos de prevaricación y desórdenes públicos, según ha adelantado Vozpópuli.
Sobre la mesa de la magistrada hay ya varios elementos relacionados con la información que manejaban las autoridades antes de que se produjeran los acontecimientos en la frontera.
Uno de los principales afecta a las advertencias del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). El antiguo jefe de gabinete de Triano, Gonzalo Sanz, declaró la pasada semana que comunicó a su superior las alertas sobre el riesgo de una entrada masiva.
Sanz respaldó su relato ante el juzgado con información extraída de su teléfono. Los mensajes de WhatsApp y una llamada servirían para acreditar, según su testimonio, que aquellas advertencias llegaron hasta el entonces delegado del Gobierno.
La cuestión resulta especialmente relevante porque ambos mantuvieron públicamente versiones diferentes sobre lo ocurrido.
Triano había sostenido que su jefe de gabinete no le comunicó los avisos procedentes del CNI. Sanz terminó abandonando posteriormente su puesto y señaló en su renuncia la incompatibilidad existente entre su relato y el ofrecido por quien entonces era su superior.
El propio Triano acabaría dejando también la Delegación del Gobierno. Al hacerlo denunció la presión recibida, los insultos y lo que calificó como una campaña de desprestigio contra él.
Pero las alertas del CNI no son el único elemento que aparece en la investigación.
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha relatado ante Tardón las dificultades que tuvo para contactar con Presidencia durante los días anteriores a la entrada masiva. Según su declaración, intentó hablar con Pedro Sánchez hasta diez veces sin conseguir mantener una conversación con él.
Sí logró comunicarse en tres ocasiones con el jefe de gabinete de Presidencia, Diego Rubio. Vivas aseguró que, durante el último de esos contactos, Rubio le trasladó que la interlocución debía mantenerse con la Delegación del Gobierno.
La posible responsabilidad penal de Triano procede de una querella presentada por Abogados Cristianos que terminó incorporándose a la investigación principal. En un auto fechado el 28 de septiembre, al que ha tenido acceso Vozpópuli, Tardón acordó abrir diligencias previas al apreciar que los hechos denunciados podían revestir carácter delictivo.
El siguiente movimiento dependerá ahora del criterio de la Fiscalía. Con los testimonios y comunicaciones incorporados al procedimiento, Tardón deberá decidir si cita finalmente como investigado al hombre que dirigía la Delegación del Gobierno cuando se produjo la crisis fronteriza.
