Juez procesa por espionaje a siete miembros de la productora de 'Sálvame'

La Fábrica de la Tele queda imputada como persona jurídica y sus directivos señalados por difundir datos policiales. Un juez de Madrid ha procesado a siete trabajadores de La Fábrica de la Tele, la productora de programas como ‘Sálvame’.

Su implicación en una trama de espionaje que afectó al menos a 182 personas. Entre los investigados se encuentra Gustavo González, colaborador habitual, quien habría recibido información confidencial de un agente de policía, para luego filtrarla a los medios.

Según la investigación, el policía accedía ilegalmente a bases de datos oficiales para extraer datos sensibles, como antecedentes, denuncias por violencia de género e incluso información de menores. Estos datos eran compartidos con González, quien los usaba como fuente para programas como ‘Sálvame’ y los vendía a revistas del Grupo Z. Se calcula que obtenía entre 4.000 y 18.000 euros mensuales por estos servicios.

El caso implica también a David Valldeperas, exdirector del programa, María Lapiedra, y otros tres trabajadores de la productora. Además, el juzgado ha decidido procesar a La Fábrica de la Tele como persona jurídica, lo que podría acarrear consecuencias económicas y legales.

Este procesamiento llega en un momento particularmente delicado

Según diversas informaciones, el Gobierno de Sánchez baraja contar con La Fábrica de la Tele para dirigir contenidos en RTVE. La vinculación del Ejecutivo con una productora ahora imputada por espionaje ha generado polémica sobre la falta de imparcialidad en los medios públicos.

Óscar Cornejo y Adrián Madrid, fundadores de la productora, han quedado fuera del proceso judicial, pero han defendido públicamente la actuación del equipo:

“Aquí lo que está en cuestión es el ejercicio de nuestra profesión”, han declarado. A pesar del escándalo, mantienen sus planes de expansión y no descartan colaborar con RTVE próximamente.

Este juicio no solo determinará  responsabilidades penales, sino que también pone sobre la mesa el debate sobre los límites del periodismo televisivo en España.

La instrumentalización de datos confidenciales para alimentar contenido mediático genera una grave amenaza a la privacidad y a la ética profesional. El caso continúa abierto y las partes tienen un plazo para presentar sus respectivas acusaciones o solicitar el archivo.