El juez Juan Carlos Peinado ha acordado la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, dentro de la causa que instruye desde hace meses. La resolución judicial contempla que el procedimiento continúe mediante un tribunal del jurado, al apreciar indicios sobre varios delitos investigados.
Entre las medidas cautelares adoptadas por el magistrado figura la retirada del pasaporte de la investigada para evitar desplazamientos. Además, el auto establece la prohibición de abandonar el territorio nacional mientras se mantenga vigente la tramitación del proceso.
La decisión también obliga a Begoña Gómez a comparecer periódicamente ante la autoridad judicial cada quince días en el juzgado.
El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid considera que existen elementos suficientes para continuar el procedimiento. Según recoge la resolución, la acusada deberá responder por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación.
A estos hechos se suman las investigaciones relacionadas con supuesta corrupción en los negocios y apropiación indebida.
La apertura del juicio oral llega después de la celebración de una audiencia preliminar celebrada en las últimas fechas.
En dicha comparecencia, las partes fueron informadas sobre los siguientes pasos previstos dentro del procedimiento judicial.
El magistrado también ha acordado enviar a juicio a Cristina Álvarez, vinculada profesionalmente al entorno de Gómez. La exasesora deberá afrontar el proceso por los mismos delitos que figuran en la acusación contra la esposa del presidente. Junto a ellas también ha sido procesado el empresario Juan Carlos Barrabés por varios de los hechos investigados.
En su caso, deberá responder por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios privados.
La resolución judicial se produce tras analizar la documentación incorporada a la causa durante la fase de instrucción.
El procedimiento continuará ahora con los trámites necesarios para determinar la composición del futuro jurado popular. La decisión adoptada por Peinado coincide parcialmente con las peticiones formuladas por las acusaciones populares.
Estas partes habían solicitado la adopción de diversas medidas cautelares sobre la situación de la investigada. Finalmente, el juez acordó la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y las comparecencias periódicas.
Sin embargo, otras solicitudes planteadas durante el procedimiento deberán ser analizadas dentro de la causa judicial.
