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Montaje del juez Peinado con el mapa del mundo
POLÍTICA

El Juez Peinado ha abandonado el país para escapar de las presiones del Gobierno

El magistrado se ha ido con un amigo de confianza, dejando a su familia en España para evitar que sufran estas presiones

Según ha podido saber el periodista Vito Quiles, el magistrado Juan Carlos Peinado ha decidido abandonar el país temporalmente para escapar de las crecientes presiones y coacciones provenientes del entorno del presidente Pedro Sánchez.

El juez se ha marchado a otro  país europeo durante siete días para evadirse de las intimidaciones que, según él, ha estado recibiendo.

El juez Peinado habría comunicado a su núcleo familiar que hace aproximadamente una semana, dirigentes socialistas y afiliados del partido intentaron llevar a cabo un escrache en las puertas de su juzgado.  Durante este acto de intimidación, se pudieron escuchar cánticos amenazantes como "el juez Peinado está acojonado", entre otros, a su salida de Plaza Castilla.

Collage de Begoña Gómez y el juez Juan Carlos Peinado

Para encontrar un refugio temporal lejos de estas presiones, el juez ha elegido una tranquila localidad costera europea. Acompañado por un amigo de su máxima confianza, Peinado ha decidido mantenerse alejado de su mujer e hijas, quienes pasarán esos días en Andalucía, con el objetivo de evitar la persecución del Gobierno.

El trato recibido en Moncloa

Además de las presiones del Partido Socialista,  se suman las coerciones del Fiscal General, quien le ha exigido que archive un caso en particular, y las malas formas del Ministerio del Interior, que le solicitó su DNI y teléfono móvil durante una visita al Palacio de La Moncloa.

La situación del juez Peinado refleja un preocupante clima de presión sobre la judicatura, lo que plantea serias preguntas sobre la  independencia del poder judicial en España. 

El juez Juan Carlos Peinado

Según las fuentes consultadas, esta no es la primera vez que un magistrado se enfrenta a tales presiones, lo cual abre un debate necesario sobre la protección de la independencia judicial y los límites de la influencia política  sobre los tribunales.

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