La tensión entre el poder judicial y el Ejecutivo ha alcanzado un nuevo nivel tras la contundente declaración institucional emitida por los jueces de instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid. En un movimiento poco habitual, los magistrados han alzado la voz para mostrar su respaldo al juez Juan Carlos Peinado y, al mismo tiempo, cargar contra el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
El detonante de esta reacción ha sido el procesamiento de Begoña Gómez, una decisión judicial que ha generado un fuerte terremoto político. Según el documento firmado por los jueces madrileños, existe una creciente preocupación por los “ataques profesionales y personales” que está recibiendo el magistrado Peinado, así como por el cuestionamiento constante de su labor jurisdiccional.
La declaración no se limita a un respaldo corporativo. Va más allá y señala directamente al Gobierno, acusando a miembros del Ejecutivo —incluido el propio Bolaños— de contribuir a erosionar la confianza en la independencia judicial. Los jueces denuncian que determinadas manifestaciones públicas “tratan de socavar la confianza de los ciudadanos en los jueces”, lo que supone, en su opinión, una amenaza directa al equilibrio institucional.
Este pronunciamiento resulta especialmente significativo por su carácter colectivo. No se trata de una queja aislada, sino de una postura conjunta de los jueces de instrucción de Madrid, que reivindican la necesidad de preservar la separación de poderes en un momento especialmente delicado. La contundencia del mensaje refleja el malestar acumulado en la judicatura ante lo que consideran injerencias o presiones desde el ámbito político.
