La asociación Justicia para la Guardia Civil (Jucil) ha puesto el foco en el régimen disciplinario que se aplica a los agentes para cuestionar que el teniente general Manuel Llamas permanezca al frente de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) después de ser investigado en el marco del caso Leire Díez.
La organización recuerda que, únicamente durante 2025, se tramitaron expedientes disciplinarios contra 1.014 miembros de la Guardia Civil. Del total, 185 correspondieron a infracciones consideradas muy graves, mientras que 64 agentes acabaron suspendidos de empleo y otros seis fueron apartados del servicio.
Partiendo de estas cifras, Jucil reclama que la exigencia de responsabilidades alcance también a los puestos superiores del Instituto Armado. Por este motivo, solicita la salida de Llamas, investigado por presuntos delitos de obstrucción a la justicia y prevaricación, y extiende su petición de dimisión a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González.
La asociación sustenta además su reclamación en la propia normativa que regula al cuerpo
La asociación sustenta además su reclamación en la propia normativa que regula al cuerpo. Jucil señala que la Ley de Personal contempla la suspensión cautelar de funciones en determinados casos en los que un agente se encuentre inmerso en procedimientos penales o disciplinarios por hechos especialmente graves. Entre los motivos previstos se encuentran la protección de la imagen institucional, el correcto funcionamiento del servicio y la defensa del interés público.
Para Jucil, las circunstancias que se investigan en el caso adquieren una especial trascendencia por la naturaleza de las sospechas
Para Jucil, las circunstancias que se investigan en el caso adquieren una especial trascendencia por la naturaleza de las sospechas. La organización advierte de que las pesquisas tratarían de esclarecer una posible utilización de los mecanismos jerárquicos y disciplinarios internos para interferir en el trabajo desarrollado por unidades de Policía Judicial.
Ante esta situación, la asociación considera que mantener a Llamas en uno de los puestos de mayor responsabilidad operativa de la Guardia Civil resulta incompatible con su actual situación judicial y exige que se adopten responsabilidades en la dirección del cuerpo.
