El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha lanzado un ultimátum de 30 días al Gobierno de Pedro Sánchez para que adopte las medidas necesarias y permita recuperar la normalidad en la ciudad tras la entrada masiva de migrantes registrada a finales de julio.
Vivas considera que la situación continúa siendo “insostenible” y de “máximo riesgo” para la convivencia, la seguridad ciudadana y el funcionamiento de los servicios públicos. Por ello, reclama al Ejecutivo un plan concreto, acompañado de recursos suficientes y un calendario claro.
El ultimátum planteado por Juan Jesús Vivas tiene carácter político y no supone, por ahora, un requerimiento judicial formal contra el Estado. Sin embargo, el presidente ceutí ha dejado abierta la posibilidad de acudir a los tribunales si la situación no mejora durante el próximo mes.
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha lanzado un ultimátum de 30 días al Gobierno de Pedro Sánchez
Vivas pretende que el Gobierno acelere la identificación de los migrantes, la tramitación de los expedientes y los retornos que sean legalmente posibles. Su objetivo es reducir la presión que soporta actualmente Ceuta y evitar que la situación continúe afectando a los servicios públicos.
La advertencia se produce después de la entrada masiva de migrantes registrada a finales de julio, que obligó a las autoridades ceutíes a reclamar una mayor implicación del Gobierno central. Desde entonces, Vivas ha insistido en que la ciudad no puede afrontar en solitario las consecuencias de esta crisis.
El presidente de Ceuta sostiene que la respuesta del Estado debe estar a la altura de la dimensión del problema y contar con los medios necesarios. Además, considera imprescindible establecer medidas concretas que permitan conocer los plazos y los resultados que se esperan obtener.
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha lanzado un ultimátum de 30 días al Gobierno de Pedro Sánchez
La posibilidad de recurrir a la Justicia dependerá de que las reclamaciones políticas de Ceuta puedan convertirse en obligaciones jurídicas específicas. Para ello, deberían quedar documentadas las actuaciones exigidas al Estado y, posteriormente, acreditarse un eventual incumplimiento.
La presión sobre el Ejecutivo coincide con la reunión interministerial convocada este lunes por Pedro Sánchez para analizar la situación de Ceuta. El encuentro busca abordar las consecuencias de la crisis y estudiar nuevas medidas para responder a las demandas planteadas por las autoridades locales.
En paralelo, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, mantiene un encuentro presencial con Juan Jesús Vivas para abordar la situación. En la reunión convocada por Moncloa participan también otros miembros del Gobierno implicados en la gestión de la crisis migratoria.
La cita adquiere especial relevancia después del ultimátum fijado por Vivas, que sitúa en 30 días el margen político concedido al Ejecutivo para demostrar que sus medidas funcionan. El presidente ceutí pretende que durante ese periodo se produzcan avances visibles.
