EDATV Jéssica Rodríguez: La ‘amiga’ de Ábalos que cobró dos años sin dar un palo
El escándalo de Ineco: sueldo público sin trabajar y vínculos ocultos
Jéssica Rodríguez, la mujer que el exministro José Luis Ábalos colocó en la empresa pública Ineco, nunca desempeñó su puesto de trabajo.
Según declaró ante el Tribunal Supremo, nunca acudió a las oficinas de la empresa pública, a pesar de que Ineco exigía presencialidad a sus empleados.
Rodríguez fue contratada en marzo de 2019 para brindar asistencia técnica a Adif Alta Velocidad, percibiendo un salario mensual de 1.060 euros.
Sin embargo, en su declaración reconoció que nunca realizó actividad alguna para la empresa. Su participación se limitó a recibir un ordenador portátil y un curso de riesgos laborales.
El teletrabajo inexistente en Ineco
Ineco, empresa vinculada al Ministerio de Transportes, no permitió el teletrabajo hasta enero de 2022, cuando Rodríguez ya había cesado su relación laboral.
Esta política excluyó el periodo de confinamiento por la pandemia de 2020. A pesar de ello, su situación pasó desapercibida en la auditoría encargada por el actual ministro de Transportes, Óscar Puente.
La vinculación entre Jésica Rodríguez y José Luis Ábalos ha sido objeto de atención pública desde que se reveló su contratación.
Durante dos años, cobró un sueldo sin desempeñar funciones, una situación irregular dentro de una empresa con casi 4.000 empleados sujetos a normas de presencialidad.
El caso Koldo y nuevas revelaciones
La declaración de Rodríguez ante el Tribunal Supremo se produjo en el marco del caso Koldo, investigación centrada en la gestión de contratos públicos.
Su testimonio ha puesto de manifiesto presuntas irregularidades en la administración de recursos dentro de Ineco.
El caso ha generado controversia en el ámbito político, especialmente entre la oposición, que exige explicaciones al Gobierno sobre el mecanismo de contratación de Rodríguez.
También han solicitado una investigación sobre cómo se permitió su permanencia en la empresa sin desempeñar función alguna.
El caso ha generado controversia en el ámbito político, especialmente entre la oposición, que exige explicaciones al Gobierno sobre el mecanismo de contratación de Rodríguez. | Europapress
Por su parte, el Ministerio de Transportes ha evitado pronunciarse sobre la relación de Ábalos con Rodríguez y su papel dentro de Ineco.
Sin embargo, fuentes cercanas a la investigación aseguran que el testimonio de Rodríguez podría derivar en nuevas revelaciones sobre el funcionamiento interno de la compañía.
La oposición exige respuestas
La ausencia de Rodríguez en su puesto de trabajo y la falta de control sobre su actividad laboral han abierto un nuevo frente en la investigación del caso.
La oposición considera que esta situación refleja una gestión deficiente de los recursos públicos y exigen que se depuren responsabilidades.
En las próximas semanas, el Tribunal Supremo podría requerir nuevas declaraciones de testigos y responsables de Ineco para esclarecer los hechos.
La posibilidad de que surjan nuevas pruebas podría complicar aún más la situación del exministro Ábalos y su entorno más próximo.
El escándalo de Ineco se suma a una serie de polémicas que han salpicado la gestión del exministro en los últimos meses.
La revelación de que una persona cobró un sueldo durante dos años sin trabajar refuerza las críticas sobre la administración de los fondos públicos al frente del Ministerio de Transportes.
La expectativa sobre el desarrollo de la investigación sigue en aumento, mientras la ciudadanía y la oposición esperan respuestas claras sobre el caso.
Ineco, como empresa pública, está obligada a garantizar la transparencia en su gestión, algo que, según los críticos, no ha ocurrido en este caso.
El Gobierno, por su parte, enfrenta presiones para esclarecer lo sucedido y aplicar medidas correctivas. La controversia en torno a Jésica Rodríguez podría derivar en cambios en la política de contrataciones dentro de Ineco y otras entidades del Estado.
Resta por ver si las investigaciones conducirán a responsabilidades políticas o judiciales en el corto plazo.
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