Los 189.678 descendientes de españoles que podrían beneficiarse electoralmente de la ley de nietos se han convertido en el centro de una nueva batalla judicial
Los 189.678 descendientes de españoles que podrían beneficiarse electoralmente de la ley de nietos se han convertido en el centro de una nueva batalla judicial. Iustitia Europa no da por cerrado el asunto y ha vuelto a acudir al Tribunal Supremo para intentar impedir que estos ciudadanos participen en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre sin que antes se compruebe cómo obtuvieron sus padres la nacionalidad española.
La formación de Luis María Pardo ha presentado un recurso contra la decisión adoptada por el Alto Tribunal, que rechazó impedir el voto de los hijos de quienes consiguieron la ciudadanía mediante esta norma. Ahora reclama que se paralicen cautelarmente los efectos electorales de estos electores hasta que la Administración pueda verificar, caso por caso, su relación familiar y el procedimiento de nacionalización de sus progenitores.
El partido plantea, no obstante, una fórmula para evitar que estas papeletas se pierdan si finalmente se reconoce el derecho a votar. Su propuesta consiste en permitir que los afectados emitan sus sufragios, pero que estos queden almacenados por separado y bajo custodia, sin contabilizarse en el recuento definitivo hasta que concluyan las comprobaciones administrativas.
Para respaldar su petición, Iustitia Europa exige que se facilite la identidad de los ciudadanos incluidos en este supuesto. En concreto, reclama a la Oficina del Censo Electoral, al Instituto Nacional de Estadística y a la Dirección General de Españoles en el Exterior y Asuntos Consulares que proporcionen los nombres de los electores, la identidad de sus padres y las circunstancias por las que estos adquirieron la nacionalidad.
La posible influencia en el reparto de diputados
El recurso pone el foco en las consecuencias que podría tener la participación de estos ciudadanos en determinadas circunscripciones. La formación sostiene que una concentración significativa de votos podría alterar la distribución de escaños en aquellas provincias donde la diferencia entre candidaturas sea especialmente ajustada.
Por ello, considera necesario conocer no solo cuántas personas se encuentran en esta situación, sino también dónde están inscritas. En su escrito, advierte de que "la falta de identificación y desglose refuerza la necesidad de las comprobaciones solicitadas".
Iustitia Europa tampoco considera que la escasa participación habitual del voto procedente del extranjero permita restar importancia a este escenario. A su juicio, ese antecedente no garantiza que la incidencia vaya a ser irrelevante en los próximos comicios. "El reducido porcentaje de participación registrado en anteriores convocatorias no permite descartar de antemano una incidencia relevante sobre el resultado", recoge el recurso al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
El calendario electoral, el argumento del Supremo
La ofensiva de la formación se produce después de que los magistrados rechazaran su anterior solicitud para dejar fuera de las elecciones a los descendientes de los nacionalizados por la ley de nietos. El tribunal entendió que intervenir en este punto cuando el procedimiento electoral estaba ya muy avanzado podía generar problemas de seguridad jurídica y comprometer el desarrollo normal de los comicios.
Los jueces también tuvieron en cuenta la proximidad de las fechas clave. Cuando examinaron la petición ya se había superado más de la mitad del calendario electoral y quedaban apenas 14 días para que comenzara el periodo de depósito del voto en los consulados.
Pese a este pronunciamiento, Iustitia Europa insiste en que debe verificarse la situación de los electores antes de que sus papeletas puedan influir en el resultado de las elecciones generales del 29 de noviembre.
