La celebración de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre podría quedar en manos del Tribunal Supremo. Iustitia Europa ha reclamado a los magistrados que paralicen la cita con las urnas ante las dudas sobre la composición del censo electoral y la participación de miles de personas que han adquirido la nacionalidad española a través de la conocida como ley de Nietos.
La iniciativa judicial se produce después de que la Abogacía del Estado haya reconocido que no dispone de tiempo suficiente para examinar 369.017 expedientes de nacionalidad antes de que concluyan los plazos previstos en el calendario electoral.
Esta circunstancia ha llevado a Iustitia Europa a solicitar una medida de mayor alcance: suspender las elecciones hasta que se esclarezca la situación de los ciudadanos afectados y se determine si todos ellos reúnen los requisitos legales para votar.
El calendario electoral aumenta la presión sobre el Supremo
El principal problema es el tiempo. El censo que se utilizará el 29 de noviembre toma como referencia los datos cerrados el pasado 1 de agosto. Sin embargo, todavía existe una última oportunidad para corregir las inscripciones.
Entre el 12 y el 19 de octubre, los ciudadanos podrán presentar reclamaciones si detectan errores en sus datos censales. Una vez agotado ese plazo, el registro electoral quedará cerrado definitivamente.
La convocatoria anticipada anunciada por Pedro Sánchez ha obligado al Tribunal Supremo a acelerar un procedimiento que ya estaba abierto. Los magistrados dieron 48 horas a las partes para presentar sus argumentos sobre las consecuencias de la suspensión cautelar acordada anteriormente.
La convocatoria anticipada anunciada por Pedro Sánchez ha obligado al Tribunal Supremo a acelerar un procedimiento que ya estaba abierto
En este contexto, el escrito de la Abogacía del Estado ha añadido un nuevo elemento al conflicto. Su reconocimiento de que no es posible revisar todos los expedientes en tan poco tiempo ha servido de fundamento para la nueva petición de Iustitia Europa.
Una instrucción administrativa, en el centro de la disputa
El enfrentamiento judicial no cuestiona la existencia de un mecanismo para reconocer la nacionalidad a los descendientes de españoles exiliados, sino los criterios utilizados para aplicarlo.
La Ley de Memoria Democrática contempla la posibilidad de acceder a la nacionalidad española para determinados descendientes de personas que abandonaron España por motivos políticos, ideológicos, religiosos o relacionados con su orientación o identidad sexual y que perdieron o renunciaron a su nacionalidad.
La controversia apareció con la instrucción posterior que desarrolló el procedimiento administrativo.
Ese texto establece una presunción de exilio para los españoles que salieron del país entre julio de 1936 y diciembre de 1955, siempre que puedan acreditar su salida. En cambio, quienes abandonaron España entre enero de 1956 y diciembre de 1978 deben justificar expresamente su condición de exiliados.
Para Vox e Iustitia Europa, esta diferencia resulta fundamental. Ambas formaciones consideran que el desarrollo administrativo ha ampliado el alcance de la legislación y que podrían haberse concedido nacionalidades sin acreditar las circunstancias exigidas por la norma.
Por ese motivo, acudieron a la jurisdicción contencioso-administrativa para solicitar la anulación de la instrucción. El Supremo acordó suspender cautelarmente su aplicación mientras estudia los recursos.
