La polémica por el documento sobre periodistas elaborado en el ámbito del Ministerio del Interior da un nuevo paso en los tribunales. Iustitia Europa ha solicitado al Tribunal de Instancia número 16 de Madrid que preserve de forma urgente todos los archivos y rastros digitales relacionados con el dosier, con el objetivo de poder reconstruir quién participó en su elaboración y qué utilización tuvo.
La petición pretende evitar que se pierdan elementos como versiones anteriores del documento, metadatos, historiales de edición, registros de acceso, correos electrónicos, comunicaciones internas o copias de seguridad. La formación considera que esa información podría resultar determinante para establecer quién ordenó elaborar el archivo, quién intervino en él, quién lo revisó y qué personas tuvieron acceso.
El procedimiento se encuentra todavía en una fase inicial. La denuncia presentada por Iustitia Europa no ha sido admitida a trámite por el momento y el juzgado está a la espera del correspondiente informe de la Fiscalía.
El procedimiento se encuentra todavía en una fase inicial
Pese a ello, la formación reclama que se adopten ya medidas para garantizar la conservación de las posibles pruebas digitales. Entre sus peticiones figura también la realización, si procede, de un análisis forense del archivo original y de sus distintas versiones que permita reconstruir cronológicamente sus modificaciones e identificar las cuentas y sistemas empleados.
El origen de la denuncia está en un documento denominado «Tertulianos. Radio y Televisión». Según sostiene Iustitia Europa, fue confeccionado en el ámbito del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska e incluía fichas sobre periodistas y colaboradores de medios de comunicación.
La formación asegura que, además de información profesional, el documento contenía valoraciones o inferencias relacionadas con la ideología, la adscripción política o el posicionamiento respecto al Gobierno de las personas incluidas. La existencia y eventual finalidad de esos perfiles forman parte precisamente de los extremos que pretende que sean esclarecidos judicialmente.
Seis guardias civiles, en el foco de las nuevas diligencias
Iustitia Europa incorpora ahora a su iniciativa judicial documentación publicada en el Boletín Oficial de la Guardia Civil con la que pretende abrir otra vía para determinar cómo se confeccionó el archivo.
Según la formación, dos resoluciones permiten identificar a seis guardias civiles que estaban destinados en la denominada ORIS-Ministerio del Interior, integrada en la Oficina de Comunicación, cuando esta unidad fue suprimida el 1 de mayo de 2025.
El partido solicita que los seis sean llamados como testigos. El objetivo sería conocer únicamente aquello de lo que cada uno tuviera conocimiento directo: las posibles instrucciones recibidas, la cadena de mando, las personas que pudieron intervenir en el documento, sus destinatarios y el uso que finalmente se habría dado al mismo.
A ello se suma información que Iustitia Europa asegura haber recibido de una persona vinculada a la unidad. Según esta versión, algunos de sus integrantes habrían conocido directamente actuaciones relacionadas con el dosier o instrucciones relativas a su elaboración y tratamiento. La formación plantea asimismo la posibilidad de que se hubieran producido objeciones o negativas a realizar determinadas actuaciones, un extremo que deberá ser acreditado si la investigación judicial avanza.
El presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, sostiene que las declaraciones permitirían determinar si existieron esas instrucciones y quién pudo impartirlas. «Si desde Interior se elaboraron perfiles ideológicos de periodistas, alguien tendrá que responder», ha afirmado.
