La investigación judicial sobre el accidente ferroviario de Adamuz, una de las mayores tragedias ferroviarias registradas en España en las últimas décadas, ha dado un paso decisivo. La magistrada Cristina Pastor, titular del juzgado que instruye la causa desde Montoro (Córdoba), ha calificado por primera vez los hechos como posibles delitos de homicidio y lesiones imprudentes, una consideración que abre la puerta a la depuración de responsabilidades penales por el siniestro que causó la muerte de 46 personas y dejó más de 120 heridos.
La decisión de la jueza figura en un auto fechado el pasado 10 de junio de 2026, en el que rechaza la recusación presentada contra los peritos designados judicialmente para analizar las causas del accidente. Más allá de esta cuestión procesal, la resolución introduce un elemento clave: la consideración de que los hechos investigados podrían encajar en delitos relacionados con una eventual negligencia o falta de diligencia por parte de quienes tuvieran responsabilidades sobre las infraestructuras ferroviarias o la seguridad del servicio.
La magistrada señala expresamente que la investigación deberá determinar si existieron actuaciones u omisiones que contribuyeran al descarrilamiento del primer tren y al posterior impacto del segundo convoy, una concatenación de hechos que terminó provocando una de las peores catástrofes ferroviarias recientes.
La hipótesis principal que manejan los investigadores continúa centrada en una posible rotura de la vía férrea como origen inicial del accidente. Precisamente, el análisis técnico deberá esclarecer si existieron deficiencias en el mantenimiento de la infraestructura, fallos en los sistemas de control o cualquier otra circunstancia que pudiera haber contribuido al siniestro.
