Interior maniobró para impedir que la UCO investigara la corrupción que salpica al Gobierno y al entorno de Sánchez

Mandos de la Guardia Civil han admitido que Leonardo Marcos, quien ocupó el cargo de director general del cuerpo entre junio de 2023 y septiembre de 2024 tras ser designado por el Gobierno de Pedro Sánchez, trasladó instrucciones a la Unidad Central Operativa (UCO) para que evitara adoptar una actitud “proactiva” en las investigaciones relacionadas con presuntos casos de corrupción que afectaban al entorno de Moncloa.

Según El Confidencial, la cúpula de la Guardia Civil habría pedido a los agentes que se “pusieran de perfil” ante determinadas investigaciones sensibles, una directriz que, de confirmarse, supondría un intento de frenar o limitar la actuación de la principal unidad investigadora del instituto armado en asuntos que comprometían políticamente al Ejecutivo.

Compra de audios

Se trata de una información que ha abierto más frentes para el Gobierno. Sin embargo, no es la única. Según la información incorporada a las últimas diligencias de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, los investigadores habrían localizado una factura de 18.125 euros que vincularía fondos destinados a la campaña de las elecciones europeas de 2024 con el pago de unos audios relacionados con las saunas que durante años estuvieron vinculadas al suegro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Así lo informa el diario El Confidencial.

La documentación, incorporada al sumario de la causa que investiga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, apunta a un pago efectuado a través de una campaña publicitaria presuntamente utilizada como cobertura para transferir fondos a la periodista Patricia López, colaboradora de Leire Díez, figura que se ha convertido en una de las piezas centrales de la investigación.

Según los datos publicados por El Confidencial, la factura fue emitida por el medio Crónica Libre y abonada por Iki Group Communications SL, una agencia de comunicación con presencia habitual en campañas vinculadas al ámbito socialista catalán. El concepto reflejado en el documento hace referencia explícita a la “Campaña Partido Socialista Obrero Español (PSOE) Elecciones Europeas 2024”, con fechas comprendidas entre el 24 de mayo y el 7 de junio de ese año.

La relevancia de esta operación radica en la sospecha de los investigadores de que el pago no habría tenido una finalidad estrictamente publicitaria. La UCO trata de determinar si esos fondos sirvieron realmente para remunerar la entrega de unas grabaciones atribuidas al excomisario José Manuel Villarejo, relacionadas con el entorno familiar del presidente del Gobierno durante los días en que Pedro Sánchez anunció su conocido “periodo de reflexión”.