Pedro Sánchez afronta una semana decisiva en materia de vivienda con presión prácticamente desde todos los flancos. Mientras una acampada en la Puerta del Sol reclama nuevas medidas al Ejecutivo, Sumar exige avances dentro del Gobierno y los votos de Junts y Podemos vuelven a ser determinantes para que cualquier iniciativa pueda sobrevivir posteriormente en el Congreso.
La respuesta que prepara Moncloa pasa por un nuevo decreto de vivienda cuyo contenido continúa negociándose. El Ejecutivo intenta reunir en una misma norma propuestas procedentes de fuerzas que mantienen planteamientos muy diferentes sobre los alquileres, los propietarios y la intervención pública en el mercado.
La urgencia ha aumentado después del desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años cuyo caso ha impulsado nuevas movilizaciones por la vivienda en Madrid. Parte de los manifestantes permanece acampada en Sol y exige que el Gobierno central actúe.
Esto supone un problema añadido para el PSOE. La protesta no tiene como único destinatario al Ejecutivo madrileño de Isabel Díaz Ayuso o al Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida. Entre las reivindicaciones aparecen decisiones que corresponden directamente al Estado y que los participantes quieren ver reflejadas en el próximo Consejo de Ministros.
El Sindicato de Inquilinas reclama, entre otras medidas, avanzar hacia contratos de alquiler indefinidos y establecer mayores garantías para la renovación de los arrendamientos. La organización ha vinculado la continuidad de las protestas a la respuesta que ofrezca el Gobierno.
La presión social coincide con otra batalla que se libra dentro del propio Ejecutivo. Sumar quiere que el PSOE acepte un paquete suficientemente ambicioso y trata de demostrar que su presencia en el Consejo de Ministros se traduce en cambios efectivos en la política de vivienda.
La presión social coincide con otra batalla que se libra dentro del propio Ejecutivo
Pero superar esa negociación interna no garantiza que el decreto salga adelante. El verdadero examen llegará después al Congreso.
Y es ahí donde aparecen Junts y Podemos.
Los de Míriam Nogueras defienden medidas destinadas a facilitar el acceso a la vivienda mediante incentivos fiscales y reclaman garantías para los pequeños propietarios. Entre sus propuestas figuran desgravaciones relacionadas con el alquiler y la compra, instrumentos de ahorro para jóvenes y mecanismos para que el coste de determinadas medidas de protección social no recaiga exclusivamente sobre particulares.
Podemos se sitúa en una posición diferente. El partido de Ione Belarra reclama más intervención sobre el mercado del alquiler, mayores obligaciones para los grandes tenedores y nuevas protecciones frente a los desahucios. También rechaza algunas de las ventajas fiscales planteadas desde Junts.
El Ejecutivo necesita encontrar una fórmula que permita incorporar elementos de ambas posiciones sin provocar que alguno de sus potenciales aliados termine rechazando el conjunto de la norma.
La situación resulta especialmente delicada porque las medidas se votarían dentro de un mismo paquete. Cada formación tendrá que valorar no solamente aquello que consiga introducir, sino también las concesiones realizadas a los demás grupos.
El debate llega además después de años en los que la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas económicos y sociales del país. Los precios han continuado aumentando y la construcción de vivienda no ha logrado cubrir el crecimiento de la demanda en numerosas zonas.
Según los datos recogidos en el texto de referencia, el precio de la vivienda registró un incremento interanual del 12,2% durante el segundo trimestre de 2026. El Banco de España, por su parte, habría situado en aproximadamente 750.000 viviendas el déficit acumulado entre 2021 y 2025.
El balance afecta a distintas administraciones, ya que Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos comparten competencias relacionadas con vivienda y urbanismo. Pero el tiempo transcurrido desde la llegada de Sánchez a La Moncloa en 2018 convierte también las políticas impulsadas por sus gobiernos en parte inevitable del debate.
La Ley de Vivienda aprobada en 2023 no ha cerrado la discusión. Tampoco lo han hecho las sucesivas ayudas, bonos y anuncios de construcción. Ahora, las dificultades para acceder a un alquiler y la escasez de oferta vuelven a colocar al Ejecutivo ante la exigencia de presentar nuevas medidas.
Por eso, el problema que Sánchez tendrá que resolver esta semana tiene varias dimensiones al mismo tiempo. Necesita responder a una protesta que ya interpela directamente a Moncloa, alcanzar un acuerdo con Sumar dentro del Gobierno y diseñar una norma capaz de sumar posteriormente a fuerzas tan alejadas entre sí como Junts y Podemos.
