El Ministerio de Igualdad ha reconocido que una parte importante del dinero destinado a combatir la violencia de género no acabó empleándose para ese fin
El Ministerio de Igualdad ha reconocido que una parte importante del dinero destinado a combatir la violencia de género no acabó empleándose para ese fin. Según los datos admitidos por el departamento que dirige Ana Redondo, cerca del 30% de los fondos transferidos a los ayuntamientos entre julio de 2024 y julio de 2025 se utilizaron para financiar actividades sin relación con el objetivo del Pacto de Estado. Así lo confirma The Objective.
En cifras, esto supone que alrededor de 12 millones de los 40 millones de euros distribuidos durante ese periodo terminaron sufragando iniciativas que no estaban vinculadas con la prevención de la violencia contra las mujeres ni con la atención a las víctimas.
El reconocimiento llega después de meses de denuncias formuladas por la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres. La organización, integrada por centenares de colectivos feministas, llevaba desde la primavera de 2024 recopilando proyectos financiados con estos recursos públicos que, a su juicio, no cumplían con la finalidad para la que fueron concedidos.
Entre las actividades detectadas aparecen propuestas como carreras de tacones
Entre las actividades detectadas aparecen propuestas como carreras de tacones, festivales de perreo, talleres de maquillaje, jornadas de tiro con arco, concursos de pintura, actividades relacionadas con el colectivo LGTBI, pasos de peatones con los colores del arcoíris, catas gastronómicas o bailes populares, además de otras iniciativas de carácter lúdico.
La entidad asegura haber identificado unos 250 casos repartidos por distintos puntos de España e incluso elaboró un mapa interactivo para documentar el destino de estas subvenciones.
La entidad asegura haber identificado unos 250 casos repartidos por distintos puntos de España
Tras hacerse públicas estas denuncias, Igualdad aprobó una guía para delimitar con mayor precisión qué actuaciones podían sufragarse con cargo al Pacto de Estado contra la Violencia de Género. El documento excluye expresamente actividades que carezcan de un vínculo directo con la lucha contra la violencia machista y advierte de posibles actuaciones frente a los usos considerados inadecuados.
Como consecuencia de la revisión realizada por el Ministerio, al menos 2.666 ayuntamientos deberán responder por gastos que no habrían sido correctamente justificados. Las cantidades cuestionadas serán descontadas de futuras transferencias económicas, una decisión que podría dejar a algunos consistorios sin financiación procedente de esta línea de ayudas durante el presente ejercicio.
