La ministra de Sanidad, Mónica García, afronta una de las semanas más complicadas desde su llegada al Gobierno. Miles de médicos están llamados desde este lunes a secundar cinco días de huelga y movilizaciones en distintos puntos del país en protesta por el nuevo Estatuto Marco, una reforma que el colectivo considera insuficiente para responder a sus reivindicaciones históricas.
La protesta arranca con concentraciones frente al Ministerio de Sanidad y con un clima de creciente tensión entre el departamento que dirige García y los profesionales sanitarios. Los facultativos reclaman un estatuto propio que reconozca las singularidades de la profesión, como las guardias de 24 horas, la elevada carga asistencial o las jornadas que, según denuncian, pueden alcanzar las 90 horas semanales.
El conflicto ha ido escalando en las últimas semanas hasta convertirse en uno de los mayores frentes abiertos para la ministra. A las críticas de los sindicatos médicos se han sumado también comunidades autónomas de distinto signo político, que han pedido reabrir la negociación del texto para buscar un mayor consenso.
Una ministra cada vez más aislada
El pasado Consejo Interterritorial dejó una imagen poco habitual: 16 comunidades autónomas, junto a Ceuta y Melilla, respaldaron un documento conjunto reclamando cambios en el Estatuto Marco y atribuyendo al Ministerio la responsabilidad de resolver el conflicto. Incluso gobiernos autonómicos próximos al Ejecutivo expresaron reservas sobre el proyecto impulsado por Sanidad.
Las organizaciones médicas, por su parte, acusan al Ministerio de haber roto el diálogo y de no atender las demandas específicas del colectivo. Desde la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) insisten en que el rechazo al texto es generalizado entre los facultativos y han impulsado una campaña para presentar alegaciones individuales al anteproyecto.
Con más de 175.000 médicos llamados a secundar los paros y protestas previstas en numerosas ciudades, el Gobierno encara una semana decisiva para tratar de reconducir una crisis que amenaza con enquistarse. Mientras Sanidad defiende que el Estatuto busca mejorar las condiciones del conjunto de los profesionales, buena parte del colectivo médico sostiene que sus principales reivindicaciones siguen sin ser atendidas.
