El hermano de Sánchez contra las cuerdas: Hazte Oír se persona en su contra

El Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz ha iniciado una investigación contra David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Junto a él, también están siendo investigados Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz. Además del responsable de Recursos Humanos de la mencionada institución.

La noticia ha ganado tracción con la autorización reciente para que Hazte Oír se persone. Como acusación en el caso, aumentando la presión sobre los implicados.

Las investigaciones se originaron a raíz de una denuncia presentada por la organización Manos Limpias a finales de mayo. El foco de la investigación es el contrato de David Sánchez, conocido profesionalmente como David Azagra, quien actualmente coordina el programa 'Opera Joven' de la Diputación de Badajoz.

Las diligencias han sido abiertas por presuntos delitos contra la Administración Pública y la Hacienda Pública. Incluyendo malversación, prevaricación y tráfico de influencias, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

Hazte Oír se ha destacado anteriormente por su papel en casos de alto perfil, como el Caso Begoña, que, según sus propias palabras, podría haber sido archivado sin su intervención. En este caso, su participación es crucial para asegurar que la investigación sobre David Sánchez Pérez-Castejón avance sin impedimentos.

Implicaciones Legales

Si se confirman los delitos investigados, David Sánchez Pérez-Castejón podría enfrentarse a severas penas estipuladas en el Código Penal:

• Delitos contra la Administración Pública: Incluyen conductas como la corrupción o el uso indebido de funciones públicas. Las penas pueden variar desde multas e inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos hasta penas de prisión.
• Delitos contra la Hacienda Pública: Se castigan con prisión de 1 a 5 años y multas basadas en la cuantía defraudada. Si el fraude supera los 600.000 euros o se comete en una organización criminal, las penas pueden incrementarse hasta 6 años de prisión.
• Malversación de fondos públicos: Está penada con prisión de 2 a 6 años, multas e inhabilitación absoluta. Para ocupar cargos públicos por un período de 6 a 10 años.
• Prevaricación: Implica la emisión de resoluciones injustas por parte de un funcionario público. Puede conllevar penas de inhabilitación especial de 7 a 10 años, y en casos graves, penas de prisión de hasta 4 años.
• Tráfico de influencias: Las penas pueden incluir desde multas e inhabilitación hasta penas de prisión de 6 meses a 2 años. Esto dependiendo de la gravedad del caso.

Cabe mencionar que el músico se opuso a practicar la batería de diligencias acordadas por la juez. Todas ellas con el fin de esclarecer posibles irregularidades. Entre ellas, el contrato suscrito con la Diputación de Badajoz o su tributación al fisco en los últimos años.