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Un hombre con gafas y traje azul está de pie detrás de un podio con el logotipo del PSOE, mientras que en la esquina superior izquierda hay un círculo rojo que contiene la imagen de otro hombre con camisa blanca.
POLÍTICA

El hermano de Sánchez, clave en la debacle del PSOE en Extremadura

El escándalo judicial se sumó a otros factores que erosionaron el apoyo al PSOE en Extremadura

El hermano de Pedro Sánchez comenzó el año citado a declarar como imputado y lo termina procesado en un juicio fijado para mayo.

David Sánchez declaró el 9 de enero por su gestión como jefe de la Oficina de Artes Escénicas en la Diputación de Badajoz. La causa judicial se cerró con su procesamiento y la vista oral prevista desde el próximo 28 de mayo, según el calendario judicial. El músico dejó su cargo en febrero tras estallar la polémica, aunque su renuncia no se hizo efectiva hasta el mes de mayo.

Cuando se celebre el juicio, David Sánchez llevará casi un año fuera de la Diputación de Badajoz, foco central del caso. La investigación no solo afecta al hermano del presidente, sino a varios altos cargos vinculados al PSOE extremeño.

Un hombre con gafas y traje oscuro gesticula con las manos levantadas frente a un micrófono y un fondo rojo con logotipos del PSOE.

Entre los imputados figura Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación y líder socialista en Extremadura hasta su dimisión. Gallardo abandonó el liderazgo del PSOE regional tras la debacle electoral sufrida frente al PP de María Guardiola.  Junto a él, ocho trabajadores de la Diputación están imputados por su participación en el proceso investigado.

También aparece en la causa Luis Carrero, asesor de Moncloa, conocido por referirse a David Sánchez como “hermanito”.

Pese a la salida del músico, la plaza vinculada a la Oficina de Artes Escénicas ha seguido rodeada de controversia.

Un hombre rodeado de periodistas y cámaras durante una entrevista en la calle.

La Diputación de Badajoz volvió a ser señalada por adjudicar la misma plaza a un candidato próximo al PSOE. Esta adjudicación se produjo en la antesala de la campaña electoral autonómica, intensificando la polémica política. El proceso coincidió con el enfrentamiento electoral entre Miguel Ángel Gallardo y María Guardiola por la Junta.

La oposición denunció que la nueva adjudicación reproducía el mismo esquema que motivó la investigación judicial previa.

El caso se convirtió en un lastre para el PSOE extremeño durante la campaña, marcando el debate público regional. La continuidad de la plaza bajo sospecha alimentó las críticas sobre el funcionamiento interno de la Diputación. La imputación de cargos y asesores agravó la imagen del partido en un momento clave del calendario electoral.

El escándalo judicial se sumó a otros factores que erosionaron el apoyo al PSOE en Extremadura.

La derrota electoral terminó con la salida de Gallardo y el relevo político tras años de gobierno socialista.

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