La llegada de David Sánchez a la Diputación de Badajoz en 2017 vuelve a situarse bajo el foco tras conocerse el contenido del proyecto con el que obtuvo la plaza. En ese documento, el propio candidato admitía que parte de las funciones del puesto no encajaban con su experiencia profesional habitual.
Pese a ese reconocimiento, la propuesta fue valorada positivamente por el tribunal encargado del proceso selectivo. En el texto, Sánchez defendía su candidatura apelando a su capacidad de adaptación y a su disposición para aprender sobre la marcha en aquellas áreas que no dominaba.
El puesto implicaba la coordinación de actividades vinculadas a los conservatorios de la Diputación, incluyendo la supervisión de distintas formaciones musicales y proyectos culturales.
Una contratación bajo investigación judicial
La adjudicación de este cargo forma parte de una causa en la que David Sánchez está procesado por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. La investigación analiza tanto la creación de la plaza como los cambios posteriores realizados en la misma.
Según recoge el procedimiento judicial, se examina si el puesto pudo haber sido configurado o adaptado en función del perfil del candidato. Será el tribunal el que determine si existieron irregularidades en este proceso.
En la causa también figuran otros responsables públicos, entre ellos el expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, así como varios cargos relacionados con la institución.
Más de 340.000 euros y relaciones bajo análisis
De acuerdo con documentación oficial, David Sánchez percibió más de 340.000 euros de la Diputación entre 2017 y 2025, primero como coordinador y posteriormente en un puesto vinculado a las artes escénicas.
La investigación también pone el foco en su relación con Luis Carrero. En este sentido, se han incorporado al procedimiento correos electrónicos que evidencian contactos profesionales entre ambos anteriores a la incorporación de Carrero a la institución.
Estos elementos forman parte de las diligencias que se están analizando en sede judicial, donde se determinará si la contratación y el desarrollo del puesto se ajustaron a los principios de legalidad y transparencia exigibles a la administración pública.
