Hazte Oír pide prisión para la directora de la Guardia Civil y el DAO al advertir riesgo de destrucción de pruebas

Hazte Oír pedirá el ingreso en prisión provisional de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y del Director Adjunto Operativo (DAO), Manuel Llamas, después de que ambos hayan sido imputados por el juez Santiago Pedraz. La solicitud será presentada a través del Partido Popular, formación que representa de manera conjunta a la acusación popular en este procedimiento.

La decisión se produce tras el auto dictado por el magistrado, que investiga a los dos responsables del instituto armado por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia. La causa se enmarca en las actuaciones que habrían impulsado la exmilitante socialista Leire Díez para promover investigaciones sobre la Unidad Central Operativa (UCO), a raíz de supuestas filtraciones relacionadas con procedimientos que afectan al Ejecutivo y de las presuntas presiones ejercidas sobre los agentes encargados de esas pesquisas.

Desde Hazte Oír sostienen que la permanencia de ambos mandos en libertad representa un riesgo para la investigación judicial. A su juicio, el peso institucional de los cargos que ocupan y el acceso que mantienen a documentación reservada, bases de datos y sistemas internos de la Guardia Civil les permitirían influir sobre pruebas que todavía deben ser analizadas o incluso dificultar el esclarecimiento de los hechos.

La organización considera especialmente relevante que los investigados continúen al frente de las principales responsabilidades del cuerpo, ya que entiende que esa posición podría favorecer la repetición de las conductas que se investigan y facilitar nuevas actuaciones destinadas a entorpecer el trabajo de la Justicia. Por ello, defenderá la adopción de la medida cautelar más severa mientras avanza la instrucción del caso.

Diferentes reacciones

La investigación abierta por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz contra la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, ha provocado una inmediata reacción de las asociaciones profesionales del cuerpo, que reclaman su salida de los respectivos cargos.

Tanto la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) como Jucil consideran que la continuidad de ambos al frente de la institución es incompatible con las responsabilidades que desempeñan mientras permanecen bajo investigación judicial. A su juicio, esta situación perjudica la credibilidad de la Guardia Civil y mina la confianza tanto de los propios agentes como de la ciudadanía.

En el caso de la AUGC, la organización pone el acento en las supuestas reuniones entre Mercedes González y Leire Díez, así como en las presuntas instrucciones dirigidas a efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) para que evitaran adoptar una actitud activa en determinadas investigaciones. La asociación sostiene que estos hechos, unidos a la decisión del magistrado, revisten una especial gravedad.