La polémica que involucra al fiscal general Álvaro García Ortiz y a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, ha escalado. Esto tras el alzamiento del secreto de los informes periciales de la UCO.
Los registros realizados en los despachos de ambos y la posterior incautación de material en sus teléfonos móviles, han generado un conflicto judicial. Que amenaza con manchar aún más la imagen de la Fiscalía General del Estado.
El tribunal del caso, presidido por el magistrado Ángel Hurtado, rechazó la petición de los fiscales investigados de suspender el análisis del material intervenido. Según la decisión del tribunal, no hay motivos para dudar de la profesionalidad de la UCO ni del proceso judicial en curso, lo que permitirá que la investigación siga adelante.
Las pruebas recogidas en los dispositivos electrónicos, en su mayoría mensajes y correos electrónicos. Son claves para esclarecer el alcance de la posible revelación de secretos.
El caso gira en torno a la filtración de información confidencial relacionada con Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La denuncia que González Amador
La denuncia que González Amador presentó fue filtrada a la prensa antes de ser entregada al propio denunciado. Lo que dio pie a una investigación sobre los implicados en la divulgación de información sensible.
Según el informe parcial de la UCO, el cual informa El Mundo. Las comunicaciones entre los fiscales investigados, incluidos los mensajes de WhatsApp entre Pilar Rodríguez y Álvaro García Ortiz. Que sugieren que ambos tuvieron un papel preeminente en la filtración de los detalles de la denuncia a los medios.
