El Gobierno veta una iniciativa propuesta por VOX para bajar los impuestos

El Gobierno ha vetado una iniciativa propuesta por VOX. La propuesta buscaba introducir deducciones fiscales por la contratación de mujeres embarazadas, padres de familia numerosa o con hijos con discapacidad, con el objetivo de fomentar la natalidad y apoyar a las familias que enfrentan dificultades adicionales.
La proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX tenía como objetivo modificar la Ley del Impuesto sobre Sociedades para otorgar deducciones fiscales a quienes contraten a personas mencionadas anteriormente. La intención era incentivar la creación de empleo y aliviar la carga fiscal de las familias que más contribuyen a la sociedad.
Entre las deducciones propuestas se incluían beneficios significativos, como 9.000 euros al año por la contratación de una mujer embarazada o con hijos de 0 a 3 años, 10.000 euros al año por la contratación de un padre o una madre de familia numerosa, y 11.000 euros al año por la contratación de un padre o una madre con un hijo con discapacidad, entre otros.
Sin embargo, el Gobierno decidió vetar la iniciativa argumentando que provocaría una reducción en la recaudación del impuesto de sociedades, estimada en 178 millones de euros. Esta decisión ha sido criticada, especialmente considerando el récord de recaudación de impuestos que España ha experimentado recientemente, debido a la alta presión fiscal y la inflación.
Este no es el primer caso en el que el Gobierno veta una iniciativa de carácter social presentada por VOX. Anteriormente, se vetaron iniciativas similares, como la proposición de ley ELA  de la formación de Santiago Abascal, alegando motivos económicos similares. Este patrón ha suscitado preocupaciones sobre el uso arbitrario de la potestad de veto por parte del Gobierno.
A pesar de las críticas y la controversia, la propuesta de VOX buscaba abordar problemas importantes, como la baja tasa de natalidad y el apoyo a las familias en situación de vulnerabilidad. La negativa del Gobierno a tramitar esta iniciativa ha dejado en evidencia la falta de consenso político en torno a medidas destinadas a abordar estos desafíos sociales.