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El Gobierno de Sánchez ignoró durante meses las alertas de los jueces sobre los fallos de las pulseras antimaltrato

El Gobierno de Sánchez ignoró durante meses las alertas de los jueces sobre los fallos de las pulseras antimaltrato
Los problemas del sistema de vigilancia electrónica de agresores machistas no eran desconocidos para el Gobierno
por Gonzalo Pinilla
20 de noviembre de 2026 a las 05:30
politica

La Justicia llevaba meses alertando al Ministerio de Igualdad de las consecuencias de los fallos de las pulseras

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Los problemas del sistema de vigilancia electrónica de agresores machistas no eran desconocidos para el Gobierno. La Justicia llevaba meses alertando al Ministerio de Igualdad de las consecuencias de los fallos de las pulseras antimaltrato, unas incidencias que han terminado afectando tanto a la protección de las víctimas como a la resolución de determinados procedimientos penales.

La situación ha quedado reflejada en documentación oficial a la que ha tenido acceso ABC, que recoge las preocupaciones expresadas por distintos operadores judiciales durante la primera mitad de 2026. Pese a que las anomalías fueron comunicadas en encuentros institucionales con presencia de representantes del Ejecutivo, los problemas continuaron reproduciéndose.

Uno de los aspectos más preocupantes es su repercusión en los juzgados. Las dificultades para determinar con precisión la ubicación de los investigados o condenados han complicado la obtención de pruebas en causas relacionadas con el incumplimiento de órdenes de alejamiento. Esta circunstancia ha contribuido, según las advertencias judiciales, a que algunos procedimientos terminen con resoluciones absolutorias.

Las críticas tampoco proceden de un único territorio. Entre marzo y julio, las reuniones de coordinación celebradas en Cáceres, Granada, Málaga, Valencia y Zaragoza sirvieron para dejar constancia de incidencias similares. Magistrados, representantes de la Fiscalía y responsables policiales coincidieron en señalar las carencias del servicio encargado de controlar los dispositivos.

Especial preocupación despertó el funcionamiento del centro Cometa, cuya actividad fue cuestionada por los profesionales que trabajan directamente con las víctimas. Los errores de geolocalización y las dificultades operativas llevaron a los asistentes a advertir de que la situación estaba adquiriendo una dimensión especialmente perjudicial para las mujeres protegidas por estas medidas.

El escándalo alcanza también a la gestión del contrato público. La adjudicación del servicio durante la etapa de Irene Montero al frente del Ministerio de Igualdad se encuentra bajo investigación europea por posibles irregularidades, lo que añade un nuevo frente a la controversia.

Las actas reveladas ahora refuerzan las críticas a la actuación del Ejecutivo de Pedro Sánchez, al acreditar que las instituciones judiciales habían trasladado sus advertencias en reiteradas ocasiones. Los problemas no solo persistieron durante meses, sino que sus efectos llegaron a comprometer la eficacia de las medidas de alejamiento y la respuesta de los tribunales frente a los agresores.


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