Mientras el acceso a la vivienda sigue convirtiéndose en un problema cada vez más grave para miles de familias y jóvenes en España, el Gobierno trabaja en una reforma técnica que podría aumentar aún más el precio de los pisos de obra nueva.
El Ministerio de Vivienda prepara cambios en el Código Técnico de Edificación (CTE), la normativa que regula cómo deben construirse los edificios en España. Aunque el Ejecutivo defiende que la reforma servirá para adaptar la legislación a las nuevas exigencias europeas de eficiencia energética y sostenibilidad, el sector inmobiliario denuncia que el borrador va mucho más allá de lo que obliga Bruselas y alerta de un fuerte incremento de costes.
Según distintos análisis elaborados por arquitectos técnicos y profesionales del sector, las nuevas exigencias podrían elevar el coste de cada vivienda hasta en 18.000 euros cuando la reforma entre plenamente en vigor en 2028.
El sector acusa al Gobierno de añadir más obstáculos a la vivienda
Promotores y constructores consideran que el Ejecutivo vuelve a cargar sobre la vivienda nuevas obligaciones técnicas, burocráticas y medioambientales en uno de los peores momentos para el mercado inmobiliario.
Las medidas incluidas en el borrador afectan a cuestiones como placas solares obligatorias, puntos de recarga para coches eléctricos, requisitos de emisiones, nuevos controles técnicos o sistemas energéticos más exigentes.
El problema, denuncian desde el sector, es que todos esos costes acabarán repercutiendo directamente en el comprador final.
Las asociaciones inmobiliarias advierten además de que algunas de las nuevas exigencias podrían dificultar todavía más la construcción de vivienda asequible y ralentizar proyectos en marcha, justo cuando España atraviesa una grave falta de oferta.
Temor a un nuevo encarecimiento de los pisos
El sector critica que el Gobierno impulse más presión regulatoria mientras el precio de compra y alquiler sigue disparado en buena parte del país.
Según varios colectivos profesionales, la reforma podría terminar provocando exactamente lo contrario de lo que el Ejecutivo asegura perseguir: menos vivienda nueva, más costes y mayores dificultades para acceder a un piso.
Las organizaciones del sector han presentado numerosas alegaciones al borrador y piden al Ministerio de Vivienda que rectifique antes de aprobar definitivamente el nuevo texto.
Pese a ello, el Gobierno mantiene su hoja de ruta y prevé sacar adelante la reforma entre finales de este año y comienzos de 2027, dejando después un periodo transitorio antes de su aplicación definitiva.
La preocupación dentro del sector crece porque muchos consideran que esta nueva normativa llega en el peor momento posible para un mercado ya tensionado y con precios fuera del alcance de buena parte de la población.
