El Gobierno argentino ha manifestado su enérgico repudio ante las recientes declaraciones del dictador venezolano, Nicolás Maduro, en las que se refirió de manera despectiva al presidente argentino, Javier Milei. En un acto de campaña, Maduro calificó a Milei de "malparido, nazi y fascista", lo que generó una fuerte reacción en Buenos Aires.
Manuel Adorni, portavoz presidencial, expresó en su conferencia de prensa habitual en la Casa Rosada que "el dictador Maduro ha expulsado a millones de venezolanos de su país, ha sido denunciado por persecución y detención de opositores, torturas y por cerrar el Congreso. Es necesario cuestionar quién realmente se asemeja más a un régimen nazi."
El pasado 19 de julio, Argentina comunicó a la Corte Penal Internacional (CPI) su decisión de reincorporarse a la denuncia contra Venezuela, presentada en 2018 por varios países. Esta acción había sido retirada en 2021 durante la administración del peronista Alberto Fernández, pese a las acusaciones de violaciones de derechos humanos en Venezuela.
Adorni subrayó que Argentina, junto con los gobiernos de Costa Rica, Guatemala, Paraguay y Uruguay, firmó una declaración conjunta expresando su preocupación por las condiciones en que se desarrollará el próximo proceso electoral en Venezuela. "Esperamos que se respete el proceso electoral y que este transcurra con la transparencia que una democracia amerita", afirmó el portavoz.
Maduro, en un acto de campaña en Nueva Esparta, volvió a arremeter contra Milei, acusándolo de "pasar la motosierra" a los trabajadores argentinos. "Ese Milei es un malparido nazi fascista, está pasando la motosierra a los trabajadores", declaró el mandatario venezolano, añadiendo que Milei se enfureció por sus palabras, pero que "la verdad es la verdad".
La relación entre Argentina y la dictadura venezolana, que fue estrecha durante los mandatos de los peronistas Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Alberto Fernández, ha empeorado significativamente desde que Milei asumió la presidencia en diciembre pasado, debido a la política exterior del gobierno libertario de no evadir las amenazas a las libertades individuales y la democracia de las dictaduras de la región.
