El alto tribunal examina la suspensión del derecho al voto de miles de beneficiarios de esta normativa y exige acreditar su vinculación familiar con españoles exiliados
La conocida como "ley de nietos" vuelve a situarse en el centro de la controversia judicial después de que el Gobierno haya remitido al Tribunal Supremo la identidad de 163.355 personas afectadas por las medidas cautelares relacionadas con su derecho al voto.
La documentación ha sido entregada este miércoles, dentro del plazo establecido por el alto tribunal, que había reclamado al Ejecutivo información detallada sobre los ciudadanos que adquirieron la nacionalidad española mediante los procedimientos contemplados en la Ley de Memoria Democrática.
Según informa The Objective, el número de personas identificadas finalmente supera en 335 las previsiones anteriores, que situaban el total en 163.020.
La principal cuestión que deberá examinar la Justicia es la situación electoral de quienes obtuvieron la nacionalidad al amparo de la "ley de nietos", especialmente cuando no puedan acreditar los requisitos de parentesco y exilio exigidos en el procedimiento.
La "ley de nietos" y sus consecuencias electorales
La Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, estableció diferentes vías para facilitar el acceso a la nacionalidad española a determinados descendientes de ciudadanos españoles.
Esta normativa, popularmente conocida como "ley de nietos", permitió que numerosas personas residentes fuera de España solicitaran el reconocimiento de la ciudadanía a través de sus vínculos familiares.
Sin embargo, la aplicación de estos procedimientos ha terminado bajo el examen del Tribunal Supremo, que adoptó medidas cautelares relacionadas con la participación electoral de determinados beneficiarios.
Desde el Ministerio de Justicia reconocen que una parte importante de las personas incluidas en el listado podría ver suspendido su derecho al sufragio si no logra justificar documentalmente que cumple las condiciones exigidas.
El Gobierno, por su parte, defiende que los mecanismos utilizados para tramitar las nacionalizaciones se ajustaban a los criterios establecidos en la legislación vigente.
El Supremo obliga a Bolaños y Albares a entregar la documentación
El requerimiento judicial fue dirigido a los departamentos encabezados por Félix Bolaños y José Manuel Albares, responsables de Justicia y Exteriores, respectivamente.
Los magistrados fijaron las 15:00 horas de este miércoles como fecha límite para recibir la relación de afectados y advirtieron de posibles sanciones en caso de incumplimiento.
Para completar la documentación, el Ministerio de Exteriores coordinó las comprobaciones realizadas por las oficinas consulares españolas, mientras Justicia aportó los expedientes de nacionalización disponibles en sus registros.
De hecho, el departamento de Bolaños ya había identificado anteriormente a 76.600 personas cuyos datos figuraban en el Registro Civil digital como beneficiarias de los procedimientos previstos en la Ley de Memoria Democrática.
La Oficina del Censo Electoral remitió aquella información al Supremo el pasado 21 de octubre, antes de que el Gobierno completara el listado definitivo.
El Ejecutivo calcula que podrían verse afectados menos de 14.000 votos
Pese a las dimensiones del procedimiento, el Gobierno considera que sus consecuencias sobre los resultados electorales serían limitadas.
Según sus estimaciones, el impacto potencial de las medidas sería inferior a 14.000 votos, teniendo en cuenta los niveles habituales de participación de los españoles residentes en el extranjero.
El Ejecutivo sostiene que esa cantidad representaría menos del 0,06% de los sufragios emitidos en las elecciones generales de 2023.
También advierte de que no todas las personas incluidas en el listado pueden participar actualmente en unas elecciones, puesto que figuran ciudadanos que no están inscritos en el censo de residentes ausentes, menores de edad y personas fallecidas.
Por otro lado, la Abogacía del Estado ha solicitado al Supremo que la documentación tenga carácter reservado para proteger los datos personales de los afectados y evitar posibles usos indebidos.
