El Ministerio de Política Territorial, dirigido por Ángel Víctor Torres, licita un contrato para retirar y eliminar las embarcaciones utilizadas en las rutas migratorias hacia el archipiélago
La llegada de embarcaciones con inmigrantes en situación irregular a las costas canarias supone también un gasto para las arcas públicas una vez concluyen las operaciones de rescate o interceptación. El Gobierno ha puesto en marcha un procedimiento de contratación para gestionar los cayucos y pateras que permanecen en puertos, playas y otros espacios del archipiélago tras su utilización en las rutas migratorias.
El contrato, impulsado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, contempla un valor estimado de 4.106.665 euros, una cantidad que incluye tanto el periodo inicial de prestación del servicio como una posible ampliación y las modificaciones previstas. Así lo relata El Debate.
La licitación aparece publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 21 de octubre y establece las condiciones que deberá cumplir la empresa encargada de retirar las embarcaciones y gestionar los materiales resultantes.
El presupuesto inicial asciende a 1.866.666 euros, mientras que el importe máximo estimado supera los cuatro millones al incorporar la posibilidad de prolongar el servicio durante otro año y aplicar modificaciones de hasta el 20 %.
El presupuesto inicial asciende a 1.866.666 euros
Retirada de embarcaciones en las siete islas
El operativo previsto por el Ejecutivo abarca prácticamente todo el territorio insular canario. La empresa adjudicataria deberá disponer de medios para intervenir en Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro, además de otros territorios insulares de la comunidad autónoma.
Las actuaciones no se limitarán a los puertos. También podrán desarrollarse en playas, tramos del litoral y espacios habilitados para almacenar las embarcaciones.
Antes de proceder a su eliminación, cada cayuco o patera tendrá que ser documentado mediante fotografías que permitan dejar constancia de sus características. Los registros incluirán elementos distintivos como pinturas, decoraciones o posibles números de identificación.
La empresa también deberá retirar los objetos personales y otros materiales que puedan permanecer en el interior de las embarcaciones, además de comprobar sus condiciones de amarre y flotabilidad cuando resulte necesario.
Los motores no podrán venderse para volver a utilizarse
Uno de los aspectos recogidos en los pliegos afecta al destino de los motores. La empresa tendrá expresamente prohibido comercializarlos como unidades completas y operativas, con independencia del estado en el que se encuentren.
En cuanto a las estructuras de los cayucos y pateras, el procedimiento contempla su desmantelamiento y eliminación conforme a la normativa medioambiental.
Los residuos serán trasladados por carretera hasta instalaciones autorizadas para su tratamiento. Cuando resulte necesario enviarlos a otra isla, los materiales podrán permanecer temporalmente almacenados hasta reunir una cantidad suficiente para organizar su transporte marítimo.
El proceso también estará sometido a comunicaciones previas con las autoridades. Antes de destruir cada embarcación, la adjudicataria deberá informar del lugar y momento de la operación al Centro de Coordinación Regional de Canarias y a la Delegación del Gobierno.
De esta manera, las administraciones podrán designar funcionarios para supervisar presencialmente los trabajos.
Un contrato que podría prolongarse hasta 2028
La planificación inicial establece una duración de doce meses, desde el 1 de octubre de 2026 hasta el 30 de septiembre de 2027. No obstante, si la formalización se produce después de la fecha prevista, el periodo de ejecución comenzará cuando se complete ese trámite.
Los pliegos también permiten prorrogar el contrato durante un máximo de un año adicional, lo que explica parte de la diferencia entre el presupuesto de licitación y su valor estimado.
Además, el servicio podrá finalizar anticipadamente si se consume la totalidad del crédito asignado.
Con esta contratación, el departamento dirigido por Ángel Víctor Torres pretende disponer de un mecanismo para retirar las embarcaciones utilizadas en las llegadas irregulares y gestionar los residuos generados, una tarea que requiere medios de transporte, instalaciones autorizadas y procedimientos específicos de tratamiento.
