La falta de ayudas directas del Ejecutivo central para hacer frente a los devastadores daños causados por la DANA del pasado 29 de octubre ha generado indignación en la Comunitat Valenciana. Mientras el Gobierno de España sí habilitó transferencias extraordinarias durante la pandemia y ha anunciado más de 1.700 millones para infraestructuras municipales, la Generalitat solo ha recibido autorización para endeudarse aún más.
El presidente valenciano, Carlos Mazón, y la consellera de Hacienda, Ruth Merino, han reclamado en reiteradas ocasiones ayudas a fondo perdido para paliar la mayor catástrofe sufrida en la región en siglos. Sin embargo, el Gobierno central, liderado por Pedro Sánchez, ha optado por permitir que la Comunitat Valenciana se endeude con otros 2.300 millones de euros, una cifra que se suma a los 700 millones autorizados en diciembre. Esta decisión no solo agrava la delicada situación financiera de la autonomía, sino que también evidencia un trato desigual con respecto a otras regiones.
Durante la pandemia, con unos Presupuestos Generales del Estado prorrogados, el Ejecutivo habilitó transferencias directas para cubrir los gastos derivados de la emergencia sanitaria. Ahora, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ampara en la falta de nuevos presupuestos para justificar la negativa a conceder ayudas similares a la Comunitat Valenciana, a pesar de que existen precedentes que demuestran que es posible realizar modificaciones presupuestarias en situaciones de emergencia.
La Generalitat ha insistido en la necesidad de recibir recursos del Estado y de la Unión Europea para reparar los daños y reactivar la economía local. Sin embargo, la única respuesta ha sido la autorización de nuevos préstamos que deberán ser devueltos, agravando la deuda autonómica que ya supera los 55.000 millones de euros.
Este trato discriminatorio ha provocado malestar en la Comunitat Valenciana, que se siente abandonada por un Gobierno que sí ha mostrado mayor sensibilidad con otras regiones afines. La falta de ayudas directas pone en peligro la recuperación de los municipios afectados y la estabilidad económica de una autonomía que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia reciente.
