La decisión final corresponderá a la Abogacía del Estado, que deberá valorar si comparece en el procedimiento o deja la acción penal exclusivamente en manos de la Fiscalía
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha ofrecido a la Agencia Tributaria la posibilidad de personarse en la investigación sobre las joyas halladas en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero al considerar que, si se confirman los indicios de fraude fiscal y contrabando, podría haberse producido un perjuicio para las arcas públicas. Según publica La Razón, esta decisión sitúa ahora al Gobierno ante una resolución con importantes implicaciones jurídicas y políticas.
La resolución no obliga a la Agencia Tributaria a ejercer la acusación, pero sí le reconoce la condición de posible perjudicada. La decisión final corresponderá a la Abogacía del Estado, que deberá valorar si comparece en el procedimiento o deja la acción penal exclusivamente en manos de la Fiscalía.
La incógnita cobra especial relevancia por tratarse de un expresidente del Gobierno y porque la postura que adopte Hacienda podría tener importantes consecuencias tanto jurídicas como políticas.
El Gobierno deberá decidir si Hacienda se persona contra Zapatero por el caso de las joyas
Los precedentes que ponen el foco sobre Hacienda
Uno de los antecedentes más conocidos es el caso de Rodrigo Rato. En aquella investigación por presunto fraude fiscal, la Agencia Tributaria decidió personarse a través de la Abogacía del Estado para defender los intereses económicos del Estado y reclamar las cantidades supuestamente defraudadas.
Otro precedente relevante fue el caso Nóos. Hacienda también intervino durante la instrucción, aunque su actuación respecto a algunos investigados generó un intenso debate político y jurídico. De aquella causa quedó además la conocida afirmación de la Abogacía del Estado de que "Hacienda somos todos" era un eslogan publicitario y no un concepto jurídico.
Ahora, la decisión que adopte la Agencia Tributaria volverá a estar bajo el foco. Si finalmente opta por no personarse, el Ejecutivo previsiblemente sostendrá que se trata de una facultad procesal y no de una obligación legal. Sin embargo, el hecho de que el propio juez considere que podría existir un perjuicio para las arcas públicas reabrirá el debate sobre el criterio que seguirá Hacienda en un procedimiento que afecta a un expresidente del Gobierno.
