El Gobierno de Cantabria, junto al resto de comunidades autónomas, ha exigido al Ministerio de Sanidad que asuma su incapacidad para resolver el conflicto abierto en torno al Estatuto Marco del Sistema Nacional de Salud. El consejero de Salud, César Pascual, trasladó esta posición tras la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, convocado de urgencia para abordar la situación generada en el ámbito sanitario.
El encuentro estuvo centrado en el Estatuto Marco, un texto que ha provocado un fuerte rechazo entre los profesionales médicos y que mantiene en pie de huelga a parte del sector en todo el país. Los médicos han anunciado una nueva semana de paro nacional en protesta por las condiciones recogidas en el borrador, especialmente en lo relativo a jornada laboral, guardias y reconocimiento profesional. Según explicó Pascual, la ministra de Sanidad, Mónica García, se encuentra en una situación de aislamiento dentro del debate sanitario, al no contar con el respaldo de buena parte de los actores implicados.
Los sindicatos médicos rechazan el contenido del texto y mantienen sus movilizaciones, al considerar insuficientes los cambios propuestos en materias clave como la representación profesional y las condiciones laborales. El consejero señaló además que incluso algunas organizaciones sindicales que inicialmente habían firmado acuerdos han mostrado posteriormente discrepancias con el desarrollo del proyecto.
En este sentido, recordó que el acuerdo alcanzado en enero con varias centrales sindicales se ha visto debilitado tras las modificaciones introducidas en el Estatuto Marco.
Cantabria sostiene que la situación actual refleja una gestión conflictiva del Ministerio de Sanidad en la tramitación del nuevo marco normativo del sistema sanitario. Pascual criticó que el departamento dirigido por Mónica García no haya atendido durante meses las propuestas técnicas ni las peticiones de diálogo formuladas por las comunidades autónomas. El consejero insistió en que las autonomías no son responsables del origen del conflicto, sino que este deriva del contenido del texto impulsado por el Gobierno central.
