El Gobierno quiere aprovechar el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la Ley de Amnistía para demostrar a sus socios nacionalistas que cumple los acuerdos alcanzados durante la legislatura.
La Moncloa considera que la resolución de Luxemburgo supone un importante balón de oxígeno en un momento en el que su relación con Junts atraviesa una profunda crisis. Los independentistas dan por rota la alianza, mientras mantienen contactos y votaciones conjuntas con el Partido Popular.
Según publica El Mundo, el Ejecutivo pretende exhibir el respaldo europeo como una prueba de que ha cumplido su parte. La mirada no está puesta únicamente en los Presupuestos, sino también en las próximas elecciones y en la posibilidad de volver a necesitar a Junts, ERC y PNV para formar una mayoría.
Puigdemont, el último paso pendiente
En el Gobierno llevaban meses señalando la aplicación de la amnistía a los principales dirigentes del "procés" como uno de los grandes objetivos políticos de 2026. La posible vuelta de Carles Puigdemont era vista internamente como un punto de inflexión.
Sin embargo, su regreso no será inmediato. Todavía quedan pendientes las decisiones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, que deberá determinar cómo aplica la ley al delito de malversación atribuido al expresidente catalán.
Tampoco se descarta que los magistrados planteen una nueva cuestión prejudicial ante el TJUE. Este escenario podría volver a paralizar el procedimiento y retrasar durante meses una posible vuelta de Puigdemont.
