Moncloa asegura que Cristina Álvarez, asignada como ayudante a Gómez, realizó tareas de logística y organización para la esposa del presidente.
El Ejecutivo defiende esta práctica como habitual, argumentando que las parejas de otros presidentes también han contado con estos apoyos.
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, esquivó aclarar si las actividades privadas asistidas entran en el marco de las funciones asignadas.
En la causa judicial abierta contra Gómez, se detalla que Álvarez solicitó fondos a empresas para una cátedra dirigida por la esposa de Sánchez.
El juez Juan Carlos Peinado investiga posibles delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida.
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La asistente también gestionó asuntos con la Universidad Complutense cuando Gómez codirigía un máster, según correos presentados en la causa.
Estos hechos llevaron al juez a citar a Álvarez como testigo para el 20 de diciembre, una comparecencia clave en el caso judicial.
Anteriormente, Álvarez compareció en la comisión del Senado sobre el ‘caso Koldo’, pero se acogió a su derecho de no declarar por estar judicializado.
Fuentes de Moncloa admiten ahora que la ayudante participó en actividades privadas, lo que ha intensificado las críticas desde la oposición.
Desde el PP y Vox denuncian el uso indebido de recursos públicos y exigen explicaciones sobre la legalidad de estas actuaciones.
El Gobierno insiste en que las labores de Álvarez están dentro de las funciones habituales para los cónyuges de los jefes de Gobierno.
Sin embargo, las nuevas pruebas presentadas por el juez Peinado podrían complicar la defensa de Gómez y el entorno presidencial.
La asesora de Moncloa desvelada por la defensa de Begoña Gómez
En correos electrónicos entregados al juzgado, se reflejan gestiones privadas que habrían excedido las funciones previstas para Álvarez.
El debate público se intensifica, con expertos cuestionando si este uso de recursos públicos representa un conflicto ético y legal.
Organizaciones civiles piden una reforma en la regulación de los roles y recursos asignados a los cónyuges de líderes políticos en España.
El próximo 20 de diciembre, la declaración de Álvarez ante el juez podría arrojar luz sobre las responsabilidades en este controvertido caso.
La Fiscalía analiza si las acciones de Gómez podrían derivar en responsabilidades penales más amplias o nuevas imputaciones en el caso.
El caso Begoña Gómez se suma a la lista de escándalos recientes que han generado descontento ciudadano y presión política para el Gobierno.
