La respuesta del Ministerio que dirige Ribera desató un proceso que no evitó el desastre
El 29 de octubre, la provincia de Valencia vivió uno de los episodios más trágicos de su historia reciente debido a la DANA. La presa de Forata, ubicada en el interior de la provincia, alcanzó su capacidad máxima, con 37,1 hectómetros cúbicos de agua acumulada.
A las 18:00 horas, las autoridades ya alertaban sobre el peligro de rotura, lo que generó gran preocupación.
Sin embargo, la respuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, dirigido por Teresa Ribera, desató un proceso que no solo evitó el desastre inmediato. Si no que terminó provocando una catástrofe aún mayor.
A las 19:00 horas, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) alertó al Centro de Coordinación de Emergencias (Cecopi) sobre la situación crítica de la presa.
Se tomaron medidas para prevenir una rotura, pero la estrategia utilizada fue drástica. Un desagüe masivo que, aunque salvó la estructura, inundó pueblos a su paso.
Entre las 19:00 del 29 de octubre y las 1:00 del 30 de octubre, Forata comenzó a liberar agua a un ritmo alarmante. La cantidad de agua vertida alcanzó los 7 hectómetros cúbicos, lo que equivale a 7.000 millones de litros de agua.
Aunque la acción de desagüe evitó la rotura de la presa, las consecuencias fueron devastadoras para los municipios cercanos. Las primeras víctimas mortales llegaron a las calles de localidades como Algemesí, Carlet, L'Alcudia y Guadassuar, donde las aguas desbordadas causaron estragos.
En total, más de 220 personas perdieron la vida a causa de las inundaciones. Sin embargo, los municipios afectados no fueron advertidos de los vertidos masivos de la presa de Forata. La falta de información y la ausencia de medidas preventivas previas a la inundación llevaron a una tragedia evitable.
El gobierno de Teresa Ribera no comunicó adecuadamente las acciones tomadas por la CHJ. A pesar de los avisos emitidos por la Confederación Hidrográfica del Júcar, que mencionaban el riesgo de desbordamiento del río Magro, los municipios afectados no fueron notificados sobre los vertidos masivos.
De hecho, las autoridades regionales y locales no fueron informadas sobre el impacto que tendría la acción de desagüe en sus poblaciones.
Este apagón informativo se produjo mientras las aguas inundaban calles, casas y negocios. El vertido sin aviso de 7.000 millones de litros de agua. Esto fue una acción arriesgada que, si bien evitó un desastre mayor en Forata, causó muertes y daños significativos en la cuenca del Magro.
Este desastre no solo ha dejado muertos y destrucción, sino también un escenario político complejo. La falta de inversión en infraestructuras clave para prevenir desbordamientos, como la mejora del barranco del Poyo, ha sido un tema recurrente de críticas hacia el Ministerio de Transición Ecológica.
La decisión de no implementar estas inversiones se suma a las críticas hacia Teresa Ribera. Quien ha sido acusada de una dejación de funciones durante los dos meses previos a la tragedia. Durante ese tiempo, su agenda estuvo marcada por la preparación para su examen como comisaria europea, lo que llevó a una falta de atención a los problemas internos de su ministerio.
