Un año después de la presentación del Pla Endavant para la recuperación tras la dana, la Generalitat ha movilizado cerca de 4.412 millones de euros y ha puesto en marcha el cien por cien de las medidas que dependen exclusivamente de su competencia. El contraste con el Gobierno central es demoledor: según el último informe de seguimiento de la Confederación Hidrográfica del Júcar, la ejecución de sus obras se queda en un escaso 4%.
El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación, Vicente Martínez Mus, presentó este martes el balance del primer año del plan tras visitar el puesto de mando de Metrovalencia, acompañado por el comisionado de la Generalitat para la Recuperación, Raúl Mérida, y la directora general del Pla Endavant, Isabel Peyró.
Las cifras hablan por sí solas. De las 343 medidas del plan, 297 dependen de la Generalitat y todas ellas ya están en marcha, con un avance global del 93%: 252 iniciativas en ejecución y 68 completamente finalizadas. Y todo ello, como recordó Martínez Mus, "a solas, con la única capacidad de endeudarse". Más de 1.000 millones han ido a ayudas directas a los afectados, y la Conselleria ha impulsado además actuaciones por 900 millones en infraestructuras, depuración, Metrovalencia y gestión de residuos.
El balance incluye 121 viviendas entregadas para el realojo de familias, la recuperación de 61 centros de salud y tres hospitales, la reparación de 124 centros educativos con 21 millones de euros, la retirada de más de un millón de toneladas de residuos y la recuperación de la red de Metrovalencia, que asciende a 234 millones.
De cara al futuro, el vicepresidente anunció un nuevo plan de 56 millones para renaturalizar las cuencas del Turia, Magro, Poyo y Picassent, un concurso internacional de paisajismo para los parques inundables metropolitanos dotado con 6 millones y 15 millones para el corredor verde del Monnegre.
Mientras el Consell avanza, el Gobierno de Sánchez sigue sin hacer sus deberes. Martínez Mus exigió al Ejecutivo central que impulse las actuaciones que le corresponden y agilice las modificaciones normativas para los ayuntamientos. "La recuperación no puede quedar atrapada en la burocracia", advirtió, "especialmente aquellas obras que pueden minimizar los efectos de las riadas".
Un año después, los números retratan a cada administración: la Generalitat, con todas sus medidas en marcha; el Gobierno central, anclado en un 4% de ejecución de unas obras que protegen vidas. "Ejecutar estas obras no es solo una cuestión de voluntad política, es una obligación con las personas y la seguridad", recriminó el conseller. Los vecinos de las zonas afectadas siguen esperando que el Ejecutivo de Sánchez lo entienda.
