El fiscal general del Estado habría sustituido su teléfono una semana después de ser investigado por revelar secretos
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha revelado que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, habría cambiado su teléfono móvil el 23 de octubre de 2024.
Este cambio de dispositivo se produjo justo una semana después de que el Tribunal Supremo (TS) decidiera encausarlo por la presunta revelación de secretos.
El caso está relacionado con Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
En un informe, la UCO detalla los hallazgos relacionados con el dispositivo móvil incautado a García Ortiz durante el registro en su despacho, efectuado el 30 de octubre de 2024.
Según el análisis de los números de teléfono se confirma que el 23 de octubre de 2024 se produjo un cambio de terminal telefónico.
El informe de la UCO subraya que "el inicio de actividad de los IMSISs aparejados a estos IMEIs es de fecha de 23 de octubre". Esto indica que el fiscal habría sustituido su teléfono.
Este cambio se produce tras el encausamiento de García Ortiz por un caso que involucra la filtración de información confidencial sobre González Amador, hecho que ha generado gran controversia política.
La investigación sobre la revelación de secretos a la que se enfrenta el fiscal general del Estado comenzó después de que el Tribunal Supremo aceptara la denuncia presentada contra él.
Los detalles de este caso se relacionan con la difusión de datos sobre González Amador, lo que habría violado la ley de protección de datos.
El cambio de teléfono de García Ortiz ha levantado sospechas dentro de la investigación. El hecho de que se haya producido tan poco tiempo después de ser encausado genera incertidumbre sobre sus posibles intenciones.
La UCO está analizando la información contenida en el móvil para determinar si existe alguna relación entre el cambio de dispositivo y la filtración.
El fiscal general ha defendido su actuación en todo momento, afirmando que se trata de un caso sin fundamento. Sin embargo, su encausamiento por el TS ha agitado el ámbito político, generando tensiones entre el Gobierno y la oposición.
Este hecho ha generado un debate en la sociedad sobre la independencia de la justicia y la protección de datos en el ámbito gubernamental.
Los opositores al Gobierno cuestionan si García Ortiz, como fiscal general, actuó correctamente en el manejo de información confidencial. Mientras que sus defensores argumentan que el caso está siendo politizado para desacreditar su figura.
A medida que avanza la investigación, los detalles sobre el cambio de teléfono y el vínculo con el caso de la revelación de secretos podrían arrojar más luz.
La UCO continuará con su labor de análisis forense para esclarecer todos los aspectos de este incidente.
El futuro de García Ortiz y las posibles repercusiones políticas y judiciales de este caso seguirán siendo objeto de escrutinio público en los próximos días. La investigación se mantiene abierta mientras se espera que se tomen decisiones clave al respecto.
