
García Ortiz desafía al Supremo y mantiene su poder ante su juicio
El próximo 3 de noviembre comenzará el juicio, convirtiendo a Ortiz en el primer fiscal general en democracia en ser procesado
La Fiscalía General del Estado afronta su mayor crisis con García Ortiz, a dos semanas de sentarse en el banquillo del Supremo.
El fiscal general está procesado por la presunta filtración de datos confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso, imputado por fraude.
La Asociación de Fiscales y la APIF reclamaron este lunes que García Ortiz se aparte de sus funciones para preservar la institución. Ambas asociaciones alegan que su permanencia condiciona la credibilidad de la Fiscalía al ser él mismo juzgado por un presunto delito.
El Consejo Fiscal fue escenario de la petición de apartamiento, que García Ortiz desoyó mientras consumaba 15 nombramientos pendientes. El jefe del Ministerio Público siempre defendió su inocencia y afirmó que la mejor manera de probarlo es seguir en el cargo.

García Ortiz cuenta con el respaldo del Gobierno de Pedro Sánchez, que ha reiterado su apoyo pese al proceso abierto en el Supremo. Las asociaciones sostienen que debía dimitir por dignidad institucional, aunque legalmente no existe una fórmula de cese cautelar. La ley nunca contempló que un fiscal general en democracia pudiera pasar de acusador a acusado en un juicio por filtración.
La Unión Progresista de Fiscales, agrupación a la que pertenece García Ortiz, es la única que respalda su decisión de seguir.
El próximo 3 de noviembre comenzará el juicio, convirtiendo a Ortiz en el primer fiscal general en democracia en ser procesado. Ese día, la Fiscalía vivirá un hecho inédito: su máximo responsable ocupará el banquillo de los acusados ante el Supremo. Pese a las críticas, García Ortiz mantuvo su autoridad y sacó adelante los nombramientos previstos en el último Consejo Fiscal.

El consenso se logró en los cargos con candidatura única, pero afloraron discrepancias en tres nombramientos clave. Se trataba de la Fiscalía Superior de Galicia, la jefatura de Ávila y la tenencia fiscal del Principado de Asturias.
Ortiz impuso su jerarquía para designar a María del Carmen Eiró, María del Carmen Barberán e Iñigo María Gorostiza.
La Asociación de Fiscales había planteado candidatos alternativos, pero la decisión final correspondió al fiscal general. Con ello, García Ortiz demostró que, pese a su situación procesal, mantiene intacto el control de la institución.
Fuentes jurídicas señalan que el clima en la Fiscalía es de tensión contenida, a la espera del inicio del juicio.
La incógnita ahora es si el proceso judicial terminará forzando la salida de García Ortiz o si seguirá hasta sentencia.
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