El magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha decidido procesar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Esto, por un supuesto delito de revelación de secretos que habría afectado a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Junto a él estará la coimputada Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid. El magistrado considera acreditados los indicios de un presunto delito de revelación de secretos por parte de ambos, según se desprende de la instrucción llevada a cabo en los últimos meses.
El fiscal de Pedro Sánchez está contra las cuerdas
Rodríguez lo pone en jaque
La fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, ha generado una notable controversia. Esto, al distanciarse de la estrategia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en un caso que ha captado la atención pública.
Rodríguez, quien se encuentra imputada, expresó su malestar por ser la única subordinada señalada en este procedimiento, según fuentes cercanas al caso. Además, ha respaldado la posibilidad de analizar una nota encontrada en su teléfono móvil, la cual, según ella, se difundió sin su consentimiento ni conocimiento. Esta postura abre una brecha significativa en la línea de defensa promovida por García Ortiz.
García Ortiz está contra las cuerdas
El caso ha tomado relevancia tras la difusión de una nota que, según Rodríguez, no contó con su aprobación para hacerse pública. La fiscal jefe ha lamentado que, a pesar de que el procedimiento contra otros implicados, como Julián Salto y Diego Villafañe, fue archivado, ella continúa siendo la única señalada.
Su abogado ha subrayado que Rodríguez solo seguía órdenes de su superior, lo que refuerza su argumento de sentirse injustamente señalada. Esta declaración ha generado tensiones dentro de la Fiscalía, ya que pone en entredicho la coherencia de la estrategia liderada por García Ortiz.
Rodríguez ha apoyado la diligencia solicitada por el entorno de Isabel Díaz Ayuso, presidente de la Comunidad de Madrid, para analizar el contenido de la nota en cuestión. Esta decisión ha sido interpretada como un movimiento estratégico para esclarecer los hechos y defender su posición. La fiscal jefe insiste en que la difusión de la nota fue un acto no autorizado, lo que ha añadido un nuevo giro al caso.
